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¿Recuerda el Lector con qué emoción asistimos a la inauguración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y con qué gusto nos enterábamos de las “recomendaciones” que el primer presidente, José Antonio García Ocampo, hacía a los funcionarios que afectaban esos derechos?
El maestro Jorge Sáenz Félix fue un digno sucesor en el cargo, al que puso el sello de su personalidad de ejemplar educador y varón recto. Descubrió y aprovechó una rica veta de la Ley: no había que esperar las quejas de los ciudadanos contra las violaciones; también era y es posible proceder de oficio y girar recomendaciones a los funcionarios que se desvían.
El templo de los Derechos Humanos se agrietó y se vino abajo con la llegada de un individuo apellidado Ramírez cuyo primer acuerdo al tomar posesión fue: ¡atropellar los Derechos Humanos de los empleados de la Comisión! Los cesó a todos sin motivo y también sin indemnización legal, para entregar las plazas a sus amigos, novias y demás incondicionales.
Le llovieron las demandas y el desprestigio. ¿Será posible que la Comisión recobre al menos parte de su antigua respetabilidad?
¿Y EL ITIES?
Alguna semejanza encuentro entre la CEDH y el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (después se agregó de Protección de Datos Personales). Se anunció a la sociedad que a través de esta institución podría obtener respuesta a cualquier duda sobre la conducta de los funcionarios públicos.
La prensa sometió a prueba a la flamante institución por el lado que más preocupa al ciudadano: ¿cuánto gana un gobernador, un diputado, un presidente municipal? La información fluyó y despertó la esperanza de la gente de que habían hallado el mecanismo para contener la ambición de los políticos.
Pero éstos aprendieron a ocultar datos fundamentales mediante la reserva de ciertas informaciones, dizque necesarias por el interés del Estado. Tales reservas no duraban para siempre sino con cierto lapso que se cumplía cuando el político no estaba ya en su cargo.
Una vez más, la ilusión se desmoronó. Y es el momento de preguntarse si estos fracasos son atribuibles al desencanto de la gente o a las mañas de los funcionarios. Y qué hacer al respecto.
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