|
Flor Ayala Robles Linares y Florencio Díaz Armenta, un personaje del PRI sonorense y el siguiente un destacado panista de la entidad cuentan con orden de aprehensión por homicidio, lesiones y daños diversos de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, todos ellos relacionados con el incendio de la negociación comercial Waldos, en Hermosillo, donde murieron 24 personas.
Se trata de delitos culposos, por lo que tienen derecho a la libertad bajo fianza. Algunos de los implicados, 25 en total, ya están tras las rejas, mientras los demás ya gestionaron la protección de la justicia federal, están amparados, pues, aunque se trata de suspensiones provisionales, no de amparos definitivos y en cuestión de pocos días se resolverán, pero aún cuando procedan o no enfrentarían sus procesos en libertad, hasta la sentencia y si estas son menores, no pisarán la cárcel.
Muy diferente este caso a los hechos trágicos en los que murieron 49 niños en un incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, caso por el que hay algunos empleados tras las rejas aunque a los propietarios de la guardería no se les ha tocado, por sus relaciones familiares con políticos de primer nivel.
Entonces estamos en una situación en la que para algunos sí se aplica la ley y para otros no, así de simple. Cuando el incendio en la guardería, el entonces presidente de México Felipe Calderón ordenó que no se aceptara el ofrecimiento de ayuda de una hospital de California, Estados Unidos, con el argumento de que aquí en Sonora había personal médico especializado para atender a los heridos, el resultado fue que muchos niños no fueron atendidos como debería ser y trascendió que las órdenes de Calderón obedecieron a que no quería que el asunto trascendiera al extranjero porque una de las propietarias de la guardería era, es, hermana de su esposa, Margarita Zavala. ¿Así como nos van a convencer los gobernantes que ahora sí se aplica la ley?
Otro crimen espantoso fue el asesinato de 15 personas en las cercanías de Los Hornos, municipio de Cajeme, cuando asesinos a sueldo mataron a Margarito Montes Parra y 14 acompañantes. Entre ellos dos niños nietos de Montes Parra, de cuatro y siete años de edad. Nunca se aprehendió a uno solo de los delincuentes, a lo más que se llegó fue a lo que el procurador Abel Murrieta Gutiérrez repitió cada vez que se le preguntaba: Tenemos varias líneas de investigación. Nunca hubo un detenido por ese crimen masivo.
En la administración de Claudia Pavlovich agentes estatales asesinaron a una veintena de personas al sorprendérseles portando un machete. La entonces Procuraduría de Justicia se defendió diciendo que los agentes sólo se habían defendido, entonces mataron en defensa propia. No hubo investigación, lo que hubo fue una reforma al código penal con la que se quitó la proporcionalidad y los agentes siguieron, ahora más tranquilos e impunes, cometiendo asesinatos. Tratándose de agentes policíacos siempre se les ha protegido, como cuando algunos de estos asesinaron a dos menores de edad en una cueva cercana a Ciudad Obregón, porque uno de esos jovencitos no le cumplió a su novia y esa novia era nieta del entonces gobernador Samuel Ocaña García.
Ahora se procede contra personas relacionadas con el incendio en una tienda de Waldos y qué bueno que así sea, podría ser una señal de que las cosas empiezan a componerse, aunque mejor esta ría si incluyeran procesar a los culpables de crímenes como los sucedidos en los casos a los que nos hemos referido.
