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Adán Augusto López, poderoso coordinador de Morena en el Senado, está sumergido y lejos de la arena pública en espera de que el escándalo por haber nombrado como secretario de Seguridad –cuando fue gobernador en Tabasco– a una persona acusada de haberse convertido en líder del crimen organizado en el sureste del país se diluya y todo vuelva a la normalidad. Es lo que ha tratado de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum con todos los políticos de Morena con problemas legales, aunque en este caso hay una diferencia. Adán Augusto no es uno más: es el eslabón más débil, hasta ahora, del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El blindaje jurídico del gobierno lo protege, pero hay una variable fuera del control del régimen que desconocen. Información a la que se ha tenido acceso, muestra que Adán Augusto se convirtió en una persona de interés para los servicios de inteligencia estadounidenses y la DEA desde que fue nombrado secretario de Gobernación en agosto de 2021, cuando abrieron una investigación en Washington contra él y tuvieron los primeros indicios de su presunta relación con el crimen organizado.
Dentro del seguimiento, aprovecharon una visita que hizo a Boston, en agosto de 2022, a uno de sus hijos, que estaba realizando estudios en esa ciudad.
De acuerdo con esta información, el entonces hombre fuerte de López Obrador tuvo un descuido y perdió el control de su teléfono. Los agentes que lo estaban siguiendo le clonaron el dispositivo y vaciaron su información. Lo que encontraron fue una red de vínculos con personas, una buena parte de ellas tabasqueñas, que estaban siendo investigadas en casos contra los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
No se sabe si existen grabaciones de él, pero sería ingenuo pensar que no las haya.
El proceso de judicialización del senador avanza en Estados Unidos, aunque con lo que tienen podría ser sujeto, en este momento, a ser acusado de haber cometido un delito utilizando la infraestructura estadounidense, basados en el principio legal de jurisdicción territorial y extraterritorial limitada, que abarca cuatro leyes: el Wire Fraud Act, el Computer Fraud and Abuse Act, la RICO Act, y la Ley Patriota, aprobada tras los ataques terroristas de Al Qaeda en Estados Unidos, en 2001.
