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Anteayer me avisaron por teléfono que los agentes de la autoridad habían levantado el bloqueo de los yaquis sobre la carretera internacional y que había habido detenciones. Pero a la hora de considerar el asunto como tema de la columna correspondiente al día de ayer, decidí esperar. Mi informante es un joven serio, pero ¿cómo dar crédito al hecho de que el gobierno, luego de años de tolerar la insolente impunidad yaqui, había resuelto cumplir la ley?
Pero, en efecto, los que se ponían a sacarle dinero a los usuarios de la carretera sin que les importara la enorme pérdida económica de productores, empresarios y transportistas, fueron desalojados.
Creo que nos encontramos en la coyuntura de reducir a sus límites reales la ficción jurídica de que los yaquis ocupan un territorio propio y que se autogobiernan. El Estado Mexicano admite que ocupen una parte del territorio sonorense y que apliquen sanciones acordes a sus tradiciones a ciertos hechos, no a todos porque no constituyen una nación en los términos que prescribe el Derecho Constitucional.
Se sabe que encierran a aquellos de sus miembros que incurren infracciones a la ley, pero si alguno comete un homicidio, son los fiscales y jueces del fuero común quienes arman la investigación, consignan y sentencian. Su situación jurídica es la misma que se aplica al resto de las etnias en la República.
Es una buena noticia que el Gobierno del Estado haya dado cumplimiento al Código Penal que rige para todos, sin excepción. Ahora debe persistir en esa línea, común para todos los mexicanos, y no hacer caso a posiciones cursis basadas en leyendas.
PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Los críticos de la administración del gobernador Durazo se adelantan para señalar que al cumplir un año en ejercicio, no se ven obras realizadas. Eso es verdad en lo que toca a las grandes obras anunciadas y en tren de dispararse, porque, por sus dimensiones, requieren cuidadosa planeación técnica, coordinación con el gobierno federal y seguridad en el financiamiento. Es absurdo esperar que se inicien y concluyan en breve plazo.
Pero los críticos dejan al margen una realización fundamental sin la cual las otras, las que tocan a la puerta, no llegarían a concretarse, y es la rapidez y precisión con que se limpió el cochinero que encontraron los nuevos gobernantes: desorden administrativo, pagos pendientes a proveedores, falta de transparencia. Esa tarea se llevó al cabo con decisión y eficacia para dar bases firmes a lo trascendente.
Es obligación ciudadana que cada uno nos obliguemos a conocer el contenido del informe no sólo para cotejar el cumplimiento de obligaciones burocráticas sino para hacernos una visión justa de lo que viene para Sonora.
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