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Agrego el mío a los elogios que se han vertido sobre la iniciativa de ley que limita las facultades del titular del Ejecutivo en el área de las notarías, y que él mismo promovió. Ya no podrá el gobernador, ni el actual ni los futuros mandatarios, regalar notarías a los cuates o a los que no titubean en dar fe de lo que conviene al que manda, lo que hasta ahora, con excepción del gobernador Eduardo Bours, han hecho los gobernadores en el último año del sexenio.
Pero me permito señalar que la modificación de la Ley no es suficiente. Es necesario contar con la firme intención de los notarios de conducirse con apego, también, a la ética. Vigilar este aspecto corresponde al Colegio de Notarios, que debe someter a examen la capacidad del aspirante. Los sinodales han de hacerlo sin concesiones, aunque el aspirante sea el hijo del colega notario compadre o muy amigo.
Como es bien sabido, los notarios suelen heredar la patente al hijo e hija como si tal patente fuera de su propiedad, no del Estado. De hecho, en cuanto el hijo o hija termina la Preparatoria, aunque su vocación vaya por otro rumbo, se le hace estudiar derecho, y en cuanto se titula, el padre lo nombra suplente para que, llegado el momento, siga con el “negocio” de la familia. Y como, salvo excepciones, los demás notarios actúan igual respecto de sus hijos, dispuestos están siempre a apoyar a los colegas. Hoy por ti, mañana por mí.
No se puede negar el derecho de que el joven abogado aspire a la notaría, pero no se le debe otorgar la patente sólo por relaciones amistosas con sus familiares. Son también incontables las componendas que se acuerdan entre notarios y abogados, por ejemplo, que el notario llamado por un tercero para dar testimonio de un acto o de una omisión determinante en un juicio, entretenga el asunto mientras pasa el tiempo y fenece el plazo para presentar dicho testimonio.
En una segunda iniciativa, el gobernador Durazo se ata las manos para no conceder pensiones no merecidas a funcionarios que no las merecen. Pero lo bueno es que las tendrán atadas también los funcionarios que vengan en el futuro. Y si las merecen, que sigan los trámites de Ley, que los hay.
En el caso de los ex funcionarios léperos que se dieron maña para asignarse pensiones enormes (a algunos les salen pagos anuales de un millón de pesos), no han operado los amparos promovidos por el gobierno. Quienes las disfrutan están felices y han perdido la vergüenza…, si algún día la tuvieron. Supongo que ya se tomó la medida de limitar el monto de las pensiones para que no sigan otros vivos el mismo camino.
Pero tampoco hay que resignarse a que los léperos en cuestión sigan atragantándose con el presupuesto del ISSSTESon. Que los abogados sigan estudiando el caso, buscando recovecos en la ley para meterlos al aro de la legalidad y la ética. Nada hay imposible bajo el sol.
carlosomoncada@gmail.com
