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No mentir, no robar y no traicionar. Mantra morenista
Diego Hernández, miembro de la asociación Mexicanos por la 4T y coordinador nacional para la consulta popular para juzgar a los “actores políticos“ del pasado, visitó Ciudad Obregón a exponer un relato carente de argumentos y ante la falta de éstos, retórica demagógica que solo atiende a un interés político partidista mas no jurídico.
Para empezar afirma que la consulta va porque Morena juntó las firmas requeridas, algo así como 1.8 millones, el 2% de la lista nominal de electores. Pero lo cierto es que fue el presidente López Obrador quien entró al auxilio y en la mañanera de 15 de septiembre, fecha límite para hacerlo, anunció que enviaría la solicitud al Senado.
Según los números de Morena se entregaron al INE para su revisión 2.5 millones de firmas con un plazo de 30 días para elaborar el dictamen. Cuestioné a Diego Hernández sobre el punto y reviró que me informara bien porque sí lograron validar las firmas y hasta se comprometió a enviarme el documento, que brilla por su ausencia.
Sin embargo, en el manual para la instrucción y asistencia en la Consulta Popular 2021, editado por el INE y de acceso público, se lee que “La petición para esta Consulta Popular fue realizada formalmente por el actual Presidente de la República el 15 de septiembre de 2020 ante la Cámara de Senadores…”. (Página 14)
Otro episodio no tiene sustento es el costo de la consulta, 526 millones de pesos. El miembro de Mexicanos por la 4T miente de nuevo cuando afirma que el INE organiza una consulta con el tercio de las casillas porque no destinó mayor presupuesto, cuando es público que quien aprueba los montos es la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría.
En su momento el INE pidió un presupuesto extra de 1,500 millones para instalar 104 mil casillas y no la mitad que al final se pondrán, cantidad que no le fue autorizada en aras seguramente de la austeridad republicana de la 4T, pero que ahora culpan hipócritamente de ese hecho a la autoridad electoral.
La otra es el cinismo y conveniencia con la que intentan manipular los hechos y la memoria. Diego Hernández recita sin rubor que al ex presidente Calderón (por quien no voté ni votaría) hay que juzgarlo, ya que convirtió el país en un cementerio porque “sacudió el avispero a lo tonto” (Amlo Dixit) en su guerra con el narcotráfico.
Pero si se comparan el número de homicidios dolosos en un mismo periodo, primeros 3 años, resulta que el gobierno del ex panista registraba 30 mil muertes, mientras que el gobierno del tabasqueño casi le pega a los 90 mil muertos con su estrategia de “abrazos, no balazos” incluida la Guardia Nacional. Y entonces al Peje de que lo van acusar?
El ciudadano Andrés Manuel López Obrador es libre de ejercitar su derecho o no en la consulta popular aunque ya anunció que no acudirá, pero como jefe del Estado Mexicano tiene que observar el juramento que pronunció al tomar protesta como mandatario: “cumplir y hacer cumplir la Ley”, apoyado por un organigrama: FGR,UIF, SFP, entre otras.
La consulta se redujo a un circo al estilo de la rifa del avión presidencial sin avión, pero es útil para desprestigiar aún más a la clase política opositora “neoliberal”, que si no reacciona a tiempo y en forma (no veo cómo por ahora) bien pudiera pasar de “moralmente derrotada” a electoralmente desahuciada, pese a las incongruencias e insuficiencias de la 4T.
Y no se trata de defender a los bribones y corruptos multicolor que han estado en distintos puestos de responsabilidad pública en los distintos niveles, solo que un acto justiciero tan mal montado no resuelve el ambiente de impunidad sino que lo agrava, cuando bien pudo ser un ejemplar ejercicio de formación cívica para fortalecer el Estado de derecho.
