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NAMAKASIA
Hasta el momento, dice una reciente nota de prensa, mas de 70 candidatos a diversos puestos de elección popular han sido acusados de atentados sexuales. A quienes les prueben responsabilidad, hay que refundirlos en la cárcel, ni duda cabe. Pero a quienes no se les ha probado, ¿por qué castigarlos con el desprestigio?
El daño que se hace al candidato, y que alcanza a sus familias, se causa con el simple rumor. Sus adversarios políticos lo echan a rodar y los demás lo repiten, si se quiere de buena fe, y le dan crédito. Los rumorólogos actúan con la seguridad de que como mínimo lograrán que se mire con recelo y desconfianza al culpado.
La responsabilidad del ciudadano es delicada y difícil de cumplir. No puede uno ponerse a investigar a ver si lo que mitotean es cierto porque no tiene manera de hacerlo y porque ello es obligación de las autoridades… que tampoco investigarán si no hay denuncia formal de por medio, como ocurrió con el candidato a gobernador por Guerrero.
A pesar de esos inconvenientes, debemos cerrar ojos y oídos a quienes arman campañas de desprestigio basados en que somos unos idiotas que creen cualquier calumnia. Si no hay pruebas válidas a los ojos de un juez o un fiscal, no seamos instrumento para que se difunda el chisme.
El extraño caso del consejo consultivo de la CEDH
Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo parecen empeñados en no dejar pendientes aunque tengan que hacer cosas extrañas y a la carrera para lograrlo.
Comenzaré por contarles que en mi libro “¿Y Padrés qué?”, que salió a la luz en noviembre de 2017, páginas 181 a 184, destaco que la gobernadora Pavlovich, en cumplimiento de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), envió al Congreso una lista de seis personas para que se integrara el Consejo Consultivo de dicha Comisión.
El Consejo, que tiene importantes funciones de supervisión y vigilancia sobre los actos del presidente de la Comisión, no existió durante los años que fue Presidente de la Comisión Raúl Ramírez, lo que le permitió hacer y deshacer (más deshacer que hacer). Se incluye en mi libro un facsímil de la propuesta de la gobernadora con fecha 5 de noviembre de 2015, es decir, cuando no llevaba 3 meses en el cargo.
Denuncio ahí que hay algo sospechoso en el Congreso porque no se dio curso a la propuesta ni siquiera en la Comisión de Derechos Humanos, que presidía la diputada Célida López, por lo cual cuando apareció el libro, dos años después, no había aún Consejo Consultivo. Pero ahora resulta, según el boletín de prensa del Congreso del día 21 del presente (el miércoles), que la Comisión de Diputados dictaminó “ratificar los nombres de los ciudadanos Leticia Serrano Genda, Ángel Bours Zaragoza y Gerardo Barnetche Valdez, propuestos por la titular del Poder Ejecutivo” como si hubieran recibido la propuesta la víspera. De paso designaron a Rosela de Jesús Réndón Rendón porque les faltaba una persona para completar.
¿Es esto un juego, un mal entendido, una pesadilla o una irresponsabilidad? ¿En algún momento posterior a 2017 tomó posesión el Consejo Consultivo con sigilo, a media noche, para que los periodistas no nos esteráramos?
Después de esto, si en los cuatro meses que le restan a esta legislatura sale con cualquier puntada, ninguna nos sorprenderá.
carlosomoncada@mail.com
