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Namakasia
Eliminar elefantes blancos, tarea para el gobernador que viene
“Elefante blanco” llamó la periodista Jael Esparza al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ayer. En su reportaje radiofónico informó que había 34 ciudadanos aspirantes a ocupar las tres plazas de consejeros de ese Instituto en donde los sueldos de los consejeros rebasan las dietas de los diputados, y si me apuran tantito, también el sueldo de la gobernadora.
Los hasta hoy felices mortales que han detentado los cargos de consejeros una eternidad son Andrés Miranda Guerrero, Arely López Navarro y Francisco Cuevas. En 2016 el Congreso aprobó una nueva Ley de transparencia y los dejaron en sus chambas para realizar quién sabe qué ajustes y para 2018 seguían apoltronados en sus sillones pese a que deberían haber sido ya sustituidos. La chamba que se les conoce es difundir boletines en el que afirman que cada mes crece el número de ciudadanos que solicitan más información del sector público; nadie verifica el número de tales solicitudes ni, mucho menos, si la información que se entrega es de alguna utilidad.
El Instituto se creó en 2004, en el sexenio del gobernador Eduardo Bours. Cuanto teórico del Derecho a la información vino a dar conferencias en ese tiempo, criticó al mandatario porque promovió la asignación de las funciones atribuidas por la Federación y varias entidades federativas a un órgano autónomo, al Tribunal Electoral Estatal ya existente. Con eso se ahorraba el codo duro de Bours no menos de 70 millones de pesos. El TEE, dicho sea de paso, cumplió a conciencia las funciones asignadas hasta que se creó el actual Instituto, hoy “elefante blanco”, según lo califica con buenas razones la periodista.
El gobernador que venga podrá hacer economías presupuestales interesantes si se deshace de esa carga. Y encontrará otras áreas similares, si las busca. Ahí está el pegoste del Poder Legislativo que se llama Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, cuya eliminación constituiría un ahorro asimismo importante.
Se supone que tiene como finalidad hacer investigaciones que mejorarán el trabajo legislativo de los representantes populares, pero desde hace años el Congreso tiene una Dirección de Asuntos Jurídicos que orienta a los diputados y les despeja dudas, sin contar con que algunas bancadas cuentan con sus propios asesores. El único fruto que dio el Centro en cuestión fue el libro “El Congreso Constituyente Sonorense de 1917”, colección de las leyes con que inició su trayectoria aquel año la primera Legislatura. Recabar las actas que se hallan en el archivo del Congreso pudo haberlo hecho un empleado administrativo medianamente listo.
Crear ese Centro fue tanto más criticable cuanto que unas seis legislaturas anteriores había fracasado ya un Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Los tiempos que vivimos exigen al gobierno hacer economías, de modo que se verá bien que ajusten tuercas por aquí y por allá. En los casos en que no sea aconsejable prescindir de dependencias completas se podrán obtener ahorros revisando estructuras y funcionamiento, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde donde antes de la administración del nefasto presidente Raúl Ramírez salían muchas sanas recomendaciones para corregir entuertos.
En fin, confiamos en que quien venga arribará con bisturí en mano.
Carlosomoncada@mail.com
