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NAMAKASIA
Carlos Armando Biébrich Torres inició su carrera política antes de titularse en la Universidad de Sonora, como orador en la campaña del rector con licencia Luis Encinas. Y fue de triunfo en triunfo: secretario del Ayuntamiento de Cajeme con Faustino Félix Serna, secretario auxiliar del gobernador Encinas, diputado federal, subsecretario de Gobernación y gobernador de Sonora. Había un obstáculo para su candidatura: tenía 33 años y la Constitución Política de Sonora exigía 35. Nada más fácil que arreglarlo. En diciembre de 1972 el Congreso del Estado modificó el requisito bajando la edad exigida a 30 años.
Pero en ese cargo se le vino encima el mundo. En octubre de 1975 ordenó el desalojo de campesinos posesionados a la brava de un predio agrícola en San Ignacio Río Muerto, y los agentes judiciales a las órdenes del jefe de Ayudantes de Biébrich, asesinaron a los siete invasores. El gobernador tuvo que renunciar.
El Congreso del Estado nombró sustituto a Alejandro Carrillo Marcor y descubrió pronto graves irregularidades cometidas por su antecesor en el manejo de la hacienda pública. La Procuraduría del Estado lo consignó por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal acumulados, y robo. Se dictó orden de aprehensión pero el acusado huyó y se mantuvo prófugo dos años, según se supo posteriormente, en España.
La Suprema Corte de Justicia otorgó a Biébrich el amparo por un error procesal en la consignación al cabo del tiempo citado. Pudo regresar a México, Yo escribía entonces para la revista “Impacto”, de la que luego fui director, y en un vuelo en el que coincidí con Carlos Armando, le pedí que me permitiera ir a su despacho para examinar las copias del expediente penal a fin de publicar un reportaje. Puso un pretexto para no hacerlo: que sería engorroso examinar centenares de documentos y que haría un resumen y me lo entregaría. Le argumenté que, como abogado que yo era (y soy), tenía práctica en consultar expedientes pues sabía cómo localizar los documentos importantes. Él mantuvo su negativa en forma cortés.
El periodista bajacaliforniano Jesús Blanco Ornelas, que entonces residía en Hermosillo y había hecho amistad con el sahuaripense, publicó el libro “Crónica de una infamia” en el que difunde la postura del ex mandatario en el sentido de que la matanza de campesinos fue una trampa que le pusieron los dirigentes agrarios y el secretario de la Defensa. En un segundo encuentro con Biébrich me preguntó si había leído el libro, y al escuchar que no, me pidió que pasara por su despacho por un ejemplar. Lo hice unos días después y vi en su oficina cajas pletóricas de libros. Estaba dedicado a distribuirlo.
El gobernador Samuel Ocaña García abrió un nuevo proceso, ahora por enriquecimiento inexplicable, que reanudó la batalla legal con el mismo resultado: un amparo puso a salvo al procesado y la Corte ordenó que le devolvieran los bienes inmuebles que se le habían incautado para garantizar al Estado el pago de los fondos sustraídos. El gobernador comunicó a la Corte el cumplimiento de dicha orden en un oficio en el que enumera cuántas propiedades adquirió Biébrich (una cada uno de los 14 meses que gobernó, excepto un mes en que compró dos inmuebles), la ubicación y área de las mismas, así como el valor catastral.
Carlos Armando se asomó a la política de nuevo porque fue delegado del PRI en dos entidades federativas y en la primera década del milenio, diputado federal, pero no por elección, sino porque el comité ejecutivo del PRI lo hizo legislador plurinominal. De alguna manera trabó amistad con Luis Donaldo Colosio, lo que quizás le habría valido el regreso al juego de la política nacional. Pero Donaldo no llegó a la Presidencia. Tampoco Carlos Armando.
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