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Diálogo
El tope a las remuneraciones de los servidores públicos, que pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no deja de ser una buena intención, pero no debe olvidar que México es un país de instituciones, de leyes que se deben respetar y en su propósito provoca el conflicto entre poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Imponer también las propuestas de reformas al Poder Judicial, que persigue el titular del Ejecutivo mediante la mayoría en el Congreso, no representa más que el intento de una intromisión en contra de la Judicatura, que lleva a la confrontación y a la demolición de las instituciones que son la base del sistema democrático en México.
Si bien es cierto que los mexicanos votaron por López Obrador con mayoría contundente por un cambio, con un gobierno eficiente, en una sociedad más igualitaria y una economía que beneficie a las familias, pero sin romper con la paz social ni actuar con imposición.
En lugar de un Gobierno eficiente se prevé la sangría de funcionarios con experiencia en los cargos importantes, frustrados con la imposición de topes salariales, que decidan abandonar el servicio civil de carrera, además por el desplazamiento de las dependencias federales que provocará renuncias masivas.
Estoy de acuerdo en que se tienen que eliminar los excesos en los salarios de los servidores y frenar todo aquello que lastime al pueblo de México, pero no será con decisiones a capricho o personales y menos por encima del orden legal que existe porque termina siendo contraproducente como ahora lo estamos viendo.
A los mexicanos nos gustan las buenas intenciones como esa de evitar que haya sueldos estratosféricos en el servicio público, pero al Presidente y a sus asesores se les olvida que éste es un país de instituciones y de leyes, si bien es cierto vapuleadas o maltrechas, pero que debemos respetar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el viernes la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, propuesta por López Obrador, la cual señala que ningún funcionario debe ganar más de los 108 mil pesos que percibe al mes el Presidente de la República.
Sin embargo, esa suspensión no impide a la Cámara de Diputados subir o bajar los sueldos como lo considere, pero sí le prohíbe utilizar la Ley, impulsada por Morena, para asignarlos.
De esa forma, los salarios tendrán que ser fijados según los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, y el tercero transitorio de la reforma de 2009 a la Carta Magna, que puso como tope el sueldo del Presidente.
En el caso de jueces, magistrados, ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura y los electorales, deberán respetarse sus salarios, pues se encuentran protegidos por la propia Constitución.
Aun así, los legisladores afines al Presidente, como Ricardo Monreal Ávila quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de propia voz anunció que el Senado impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución que suspendió la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Pero no para todo ahí y este lunes, en las 30 sedes del Poder Judicial de la Federación de todo el País, jueces y magistrados iniciaron el día con un inédito acto de protesta por la defensa de la independencia judicial.
Con una serie de medidas legislativas, planteadas por el Ejecutivo al Congreso, como la rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado, se enfocan a establecer mecanismos para la intromisión en la judicatura.
En ese acto histórico de protesta en el edificio del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF dijo que el conflicto entre poderes por la Ley de Remuneraciones no sólo implica la reducción salarial sino una afrenta directa contra la independencia judicial.
Ante la protesta de jueces y magistrados se maneja que queden fuera de los topes a las remuneraciones, lo cual sería un doble error, adicional al que se cometió de inicio, porque cómo va a decir el Presidente que ellos sí pueden ganar lo que quieran y los demás servidores públicos no, no se puede utilizar raseros distintos.
Por lo pronto se da una lluvia de amparos tramitados contra la ley federal de remuneraciones y hasta este lunes sumaban 862 demandas que reunieron a 4 mil 74 quejosos, mil 414 secretarios de juzgados y tribunales federales y 351 jueces, además de magistrados, actuarios, oficiales y externos.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/secretarios-se-suman-contra-la-ley-de-salarios
Y en éste, al igual que en otros asuntos, si el Presidente Andrés Manuel López Obrador no actúa en apego a la legalidad y respetando las instituciones, terminará por ser contraproducente para él, para su Gobierno y desde luego para México.
David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.
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