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A México le urge la paz y recuperar la seguridad, ante la violencia que se muestra imparable. Y este es un clamor generalizado de los mexicanos.
La percepción de inseguridad por la que atraviesa el País demanda de medidas y acciones a fondo, que traigan una verdadera transformación, que recobre la tranquilidad que tanto necesitan los ciudadanos y que el Estado está obligado a garantizar.
De ahí lo trascendental de debatir el Plan Nacional de Paz y Seguridad, propuesto por Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá como Presidente de México el próximo primero de diciembre.
Pero ese Plan Nacional, que tanta polémica ha desatado en la última semana y es objeto de discusión por analistas, no debe sujetarse como “camisa de fuerza” a la militarización de la seguridad pública y de una Guardia Nacional como parte fundamental que requeriría de una cirugía a la Constitución para que sea posible.
Las estrategias de seguridad del nuevo Gobierno deben enfocarse a la organización en el combate contra la delincuencia, al reforzamiento de las corporaciones policiacas federales y a una mayor capacitación y profesionalización de las fuerzas estatales y municipales fortaleciendo las capacidades de estas últimas.
Porque de lo contrario, lo malo del Plan de Paz y Seguridad, al darle el máximo de facultades a las Fuerzas Armadas, por encima de las corporaciones policiacas, terminaría por acabar con lo bueno que pudiera contener la propuesta del todavía Presidente electo.
La urgencia de aplicar un Plan Nacional de Seguridad es evidente:
Se estima que el número de víctimas, de 18 años y más en el último año, en el 2017, fue de 25.4 millones, en el país, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Según las mismas cifras oficiales, el 35.6% de los hogares contó con al menos un integrante como víctima del delito, pero en el 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación.
Y en base a los resultados del vigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, en la primera quincena de septiembre de 2018, durante ese mes 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 79.7%, mientras que para los hombres fue de 69.2 por ciento.
La inseguridad es el principal problema que preocupa a la población de Sonora. Y el 66.9% de los sonorenses se siente inseguro, por encima de la media nacional del 64.5 %, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.
En Hermosillo, en los últimos tres meses (julio- septiembre), el índice de percepción de inseguridad se incrementó un cuatro por ciento, y del 71.1 por ciento en junio, pasó a 75.1, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.
De ahí la importancia de aplicar un Plan Nacional de Seguridad que sea efectivo y el propósito pacifista no se pierda por la imposición militar.
Lo positivo que puede tener el Plan, como diagnósticos certeros y el hecho de reconocer que la criminalidad coexiste con la corrupción y que hay que combatirla.
Según la propuesta, tenemos que entender los costos que ha generado el paradigma prohibicionista de las drogas y la necesitad de transitar a su regulación.
La importancia de la reforma carcelaria y la reinserción social representan una vocación progresista y revela una vocación progresista, un espíritu humanista.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad para el 2018-2024 se centra en varias acciones:
1) Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia
2) Garantizar el empleo, educación, salud y bienestar
3) Pleno respeto y promoción de los derechos humanos
4) Regeneración ética de la sociedad
5) Reformular el combate a las drogas
6) Emprender la construcción de la paz
7) Recuperación y Dignificación de las cárceles
8) Plan de Seguridad Pública.
Pero el debate se ha centrado en la creación de la Guardia Nacional que requerirá de una cirugía mayor a la Constitución, de la aprobación en el Congreso de la Unión y del 50% más uno en los congresos locales.
El Plan de Seguridad Pública comprende tres ejes estratégicos:
a) Repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las fuerzas armadas;
b) Crear una Guardia Nacional; y
c) Establecer Coordinaciones Regionales.
Estará formada mayoritariamente por militares, estará supervisada por militares, será entrenada por militares. Se utilizará para “la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el MP y aportación de las pruebas exigidas por la ley”. Las Fuerzas Armadas -de facto- serán las nuevas policías del País.
