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En la lista de aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) figura Guillermo Noriega Esparza, tal vez el más conocido de esa lista y con mejor aceptación por parte del sector, aún reducido, de la sociedad sonorense interesada en este tema.
Sin restar importancia a los méritos de los otros aspirantes, Noriega es en efecto el candidato idóneo para coordinar una institución de naturaleza ciudadana en el sentido más amplio del término, pero que en su presente etapa ha sido un ente burocrático utiizado para justificar o encubrir los atropellos del poder gubernamental a los derechos elementales de los sonorenses.
El actual presidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez, dista mucho de ser un ombudsman (Defensor del Pueblo, traducido del sueco al español). No sólo por la cauda de irregularidades administrativas que se le atañen, como contratar personal de acuerdo con sus intereses personales o a recomendados, además de mantener una élite de allegados en la estructura administrativa de la CEDH a quienes se les han asignado generosos sueldos, aunque nunca tan generosos como el sueldo y los viáticos del presidente.
Desde su llegada a la CEDH Ramírez despertó suspicacias por una estrecha relación política con Manlio Fabio Beltrones. Pero si esa circunstancia se limita al terreno de las especulaciones, su quehacer ha cumplido con creces las expectativas de quienes pronto lo vieron como un burócrata más.
Su silencio ominoso ante casos graves de violación de los derechos humanos en Sonora, la eficienncia para disminuir agravantes cuando se involucra a personajes muy cercanos al Gobierno en turno (ayer Padrés, hoy Pavlovich) y la indiferencia ante los abusos constantes de corporaciones policiacas contra ciudadanos, dibujan de manera objetiva la conducta del comisionado, conducta refrendada cuando se amparó para no presentarse a comparecer ante un juez sobre el caso de Gisela Peraza, la ex empleada doméstica de la familia Padrés.
En nuestro trabajo como periodistas hemos experimentado también la inoperancia actual de la CEDH. Cuando los reporteros de Cajeme intentamos cubrir un caso de violación a los derechos humanos, de manera invariable nos hemos topado con el silencio del encargado de la oficina local (Visitador Adjunto), o con el embrollo burocrático: Debe hacerse una solicitud a la oficina de Hermosillo y esperar unos días para saber si el reportero será atendido o no.
El Derecho a la Información no está en la tabla de valores del Comisionado y su gente.
Es hora pues de hacer cumplir la elevada misión de la CEDH en Sonora, por eso es necesario alguien con la experiencia, la objetividad y el carácter indispensable para llevar a cabo esta tarea. Una personalidad independiente y ecuánime, pues se necesita un defensor de derechos humanos de la ciudadanía, un ombudsman real, no un encubridor de los atropellos y abusos del poder.
En la lista de aspirantes, repito, debe haber varios con el mérito para ocupar el cargo. No conozco la trayectoria de ellos, salvo la de Guillermo Noriega y estoy convencido de que él cumple con los requisitos para ser el digno comisionado de Derechos Humanos que necesita la sociedad sonorense.
