Si el oficio de delincuente es uno de los que mayor probabilidad de éxito tienen en México (sólo el 2 por ciento de los delitos concluye en una condena), el de político no debe andar muy lejos. Mire usted por qué:
Los abogados de la organización Manos Unidas por Nuestros Niños querían llevar ante la justicia a uno de los funcionarios responsables de las irregularidades de la Guardería ABC que ocasionaron la muerte de 49 niños hace seis años. Puestos contra la pared, los jueces giraron una orden de aprehensión en contra de las 22 de empleadas de la guardería, incluyendo afanadoras, enfermeras, una de ellas madre de uno de los hijos quemados. Cualquier cosa antes que llevar a una autoridad responsable a enfrentar su negligencia.
La guardería ABC operaba bajo un techo de polietileno (en Hermosillo, donde las temperaturas rebasan los 40 grados centígrados), carecía de extintor y las salidas de emergencia estaban bloqueadas. “Había un letrero con un simulacro para evacuar la guardería en menos de tres minutos, pero desgraciadamente solo era un papel”, afirma un testimonio.
Más allá de las razones que provocaron el incendio (la tesis oficial sostiene que arrancó en el edificio contiguo, un archivo de la Secretaría de Hacienda del estado), es evidente que la guardería violaba cualquier exigencia de seguridad previsto por los reglamentos urbanos locales y por el contrato de prestación de servicio con el IMSS. Los dueños, directivos del establecimiento e inspectores que otorgaban su aprobación para el funcionamiento, tendrían que ser los responsables de la tragedia en primera instancia. Ningún niño habría muerto si el establecimiento hubiese cumplido los requisitos que exige la ley para operar. Pero la justicia mexicana no funciona con esa lógica. Es más fácil hacer pagar la cuenta a los ciudadanos de a pie, muchos de los cuales arriesgaron su vida para extraer niños del infierno que se desató ese día, que a los verdaderos responsables.
Nada más sintomático que el apoyo por parte de Emilio Gamboa a la decisión de la PGR en contra de las empleadas. El coordinador de los senadores y uno de los políticos más poderosos del sistema, afirmó cínicamente que no sabía en que basaba la Fiscalía su acusación, pero que le parecía muy bien que ya hubiera culpables, esos culpables: “Me parece que es una investigación que lleva ya muchos años, es un trabajo serio y responsable de la señora procuradora general de la República, Arely Gómez, y han encontrado que hay culpabilidad, o responsabilidad, u omisión, no sé en qué se basan estas detenciones. Creo que lo que es un logro es que se haya finiquitado una investigación de muchos años, donde pasaban, y pasaban (los años) y no había una conclusión al respecto”.
Nada en contra de dueños que abarataron costos ahorrándose medidas de seguridad, entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez, prima de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, o funcionarios públicos que aceptaron el engaño, unos vinculados al IMSS, otros al gobierno estatal y municipal. Pero sí en contra de Olga Lidia Sánchez, quien fungía como auxiliar de educadora en la guardería, y ese día se dedicó a sacar menores del incendio, entre ellos a su propia hija quien fue víctima de quemaduras.
Por desgracia la reiteración a las infamias nos ha hecho inmunes a la infamias. Esta semana es una orden de aprehensión absolutamente injusta y arbitraria; unos días antes es el asesinato en la colonia Narvarte del Distrito Federal del periodista Rubén Espinosa, quien había salido de Veracruz por amenazas de muerte por parte de políticos. La respuesta de las autoridades en esa burla no parece ser muy distinto al caso de la guardería: un afán evidente por deslindar de cualquier responsabilidad a funcionarios y políticos que pudieran estar involucrados.
Si en asuntos amorosos se dice que un clavo saca a otro clavo, en el manual no escrito de los políticos se afirma que una infamia saca a otra infamia. El escándalo de esta semana pronto es dejado atrás por una nueva tragedia. Por eso es que nuestros funcionarios nunca renuncian cuando son sorprendidos infraganti en una canallada. Saben que basta con esconder la cabeza un rato y esperar a que surja un nuevo estercolero. Y por desgracia eso nunca toma más que algunos días. En el peor de los casos ellos, los responsables de una infamia, saben que siempre habrá los Emilio Gamboa que saldrán en su defensa y encontrarán chivos expiatorios; para la justicia mexicana nunca faltan hombre y mujeres de a pie sacrificables, incluso aunque sean las propias víctimas.
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