Dejarán los diputados federales importantes tareas por cumplir
Carlos MONCADA OCHOA
Tanto los legisladores federales como los locales se encuentran en el último periodo de sesiones de sus respectivos ejercicios, y no es novedad que se acerquen al final con tareas importantes por cumplir. Pero, naturalmente, son mucho más trascendentes las que dejarán pendientes en el ámbito federal.
Desde que estaba por finalizar el sexenio de Felipe Calderón, nos ilusionó éste a los ciudadanos con el cuento de que promovería la eliminación de los diputados y senadores federales, lo que se traduciría en un ahorro de miles de millones de pesos.
El presidente Peña Nieto renovó este ofrecimiento, aunque lo moderó: serían cien los diputados eliminados. Al llegar a la mitad de su sexenio, no hay signos de que pueda o quiera cumplirlo. Quienes deben aprobar la reforma constitucional son miembros de partidos renuentes a renunciar a los empleos de representación proporcional, lo que les permite obsequiar diputaciones y senadurías a caciques de la política que no se ven obligados a hacer campaña.
Hubo una fuerte presión popular encaminada a suprimir el fuero constitucional que no sólo protege de las reclamaciones de la justicia a elevados funcionarios, como el presidente de la República, los secretarios de Estado y los gobernadores, sino también a funcionarios medianos y a unos cuyo nivel es simplemente de gatos. Al parecer nos quedaremos con el deseo de que el fuero pase a la historia. Por lo que toca a Sonora, constituye una esperanza de escapar de la ley para el gobernador, el ex secretario de gobierno y la ex directora del ISSSTESon, entre otros miembros de la banda.
Se aprobó una reforma constitucional para limitar a los gobiernos de las entidades federativas que endeuden en demasía a sus ínsulas. No ha entrado en vigor porque a la aprobación ya conseguida en las Cámaras, ha de añadirse la de la mitad más una de las legislaturas locales. El requisito no se ha satisfecho porque como a los gobernadores no les conviene que les cuiden las manos, impiden que sus diputados locales otorguen la aprobación.
Ojalá que la desidia y la flojera que los legisladores exhiben en estos casos de no cumplimiento de las promesas, se extienda al proyecto de ley con el que se propone el gobierno federal modificar las normas que rigen el uso del agua en el país, abriendo los caminos a la privatización, es decir, a negocios millonarios para los inversionistas extranjeros y los políticos nacionales influyentes. Serán acuciados por “los de arriba” para que aprueben a la carrera una legislación nociva para el desarrollo del campo y la equitativa distribución del líquido en centros urbanos.
Tratarían de aprovechar que el país se distrae por el tema de las elecciones, a fin de pescar a río revuelto. Que al menos ahora sirva de algo útil la desatención de los diputados y senadores, propia de la terminación de todo ejercicio legislativo.
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