Las enormes riquezas que le deja a la oligarquía financiera limpiar dinero procedente de la actividad ilícita de traficar con drogas le genera a los grandes bancos una fuente jugosa de incremento de capital de miles de millones de dólares en depósitos “lavados” a costa de la descomposición social y la inestabilidad interna del país, de la muerte, la violencia y el alto índice de homicidios y desaparecidos y del sufrimiento de mucha gente que sufre el dolor de sus familiares como el caso inconcebible de los normalistas muertos y desaparecidos de Ayotzinapa.
En el país entre 700 y 800 armas mensuales, así como cerca de 18 millones de dólares fueron decomisados en 2014 al narcotráfico, además de los 70 mil muertos de 2012 a 2014 y cerca de 10 mil desaparecidos.
Mientras tanto la economía petrolizada está prendida con alfileres y habrá de replantear en los próximos días el presupuesto por que al bajar los ingresos petroleros también se perjudican dos de cada diez pesos recaudados de los recursos públicos que ya no ingresarán a la hacienda federal.
Esto prevé que el gran capital industrial, comercial y de servicios incrementará la tasa de explotación sobre más de 20 millones de trabajadores industriales y manufactureros con su reforma laboral, vestida de “bonos de productividad y competitividad”.
El derrumbe del crecimiento del producto nacional bruto, que en los primeros meses de 2015 se diagnosticará probablemente entre el 0 y el 1 por ciento, si no es que en el segundo semestre pueda haber una recesión con decremento económico.
Por ello la situación nacional no está para bollos. La denuncia hecha en una protesta a unas horas del fin del fatídico 2014 por el vocero de los familiares de los normalistas de que es obra de militares su desaparición y el anuncio de su persistencia hasta quitarles el poder a los actuales gobernantes, es el enésimo llamado hecho a Peña Nieto para que deje el poder, así como por decencia el Procurador de la República Murillo Karam debió haber renunciado por los nulos resultados para dar con el paradero de los 43, así sean restos de cadáveres. Es vergonzoso que tan fácil desaparezcan seres humanos y la ciencia policiaca y los buscadores de indicios, tan arrogantes que se muestran cuando dicen que combaten al delito, puedan decirle a la sociedad con evidencias reales y no con estupideces como la explicación de que fueron quemados hasta su total incineración, muestran que el único papel de las “instituciones de justicia” no es proteger al pueblo si no únicamente a los intereses del capital trasnacional y a la gran burguesía oligarca y protegerlos del mismo pueblo.
La gente pobre en el desamparo no es merecedora de igualdad y del derecho, así como los padres vejados de la guardería ABC, los muertos de la mina pasta de conchos o el pueblo de Michoacán mancillado por los grupos de narcos y que tuvieron que tomar las armas ante la nulidad policiaca y el contubernio del gobierno.
Todas estas muestras presentan que el Estado en México como muchas voces lo han tildado, ha fallado, no cumple su función y que su único objetivo es prestar las condiciones de sometimiento de los trabajadores, del resto del pueblo y la sociedad a los requerimientos de la oligarquía en la obtención de la máxima ganancia capitalista y de la entrega por ejemplo de los recursos naturales y riquezas al capital trasnacional, como el petróleo.
Con todas sus “reformas estructurales” el sexenio de Peña Nieto es un gobierno fallido, que no acata los reclamos más apremiantes y se le desbordan los conflictos hasta casi el colapso. Pero igualmente se puede decir de los demás órganos de gobierno como el poder legislativo que se engulle de canonjías como los ofensivos aguinaldos y los dispendiosos emolumentos de diputados y senadores, mientras los obreros solo obtienen aumentos salariales ridículos de unos cuantos pesos que se burlan de la pobreza de la gente.
Así como los déspotas gobernadores acusados no solo de ser represivos si no también de robarse el dinero público, tal es el caso del priista Cesar Duarte en Chihuahua, de Malova (PRI-PAN) en Sinaloa y del soberbio Padrés Elías en Sonora acusado de millonarios desvíos de recursos públicos y de fabricarle delitos a los yaquis que le han tenido bloqueada la carretera más de la mitad de su sexenio.
Irónicamente los líderes del movimiento indígena que se opone al acueducto del Novillo, Tomas Rojo, Mario Luna y en menor proporción Fernando Jiménez que fue comisionado de la etnia para acudir a audiencias y representaciones, son victimados y apresados dos de ellos por un error de seguridad personal al ser aprendidos con abuso y violando sus derechos humanos por agentes de la PEI el 11 de septiembre pasado. Pero los dos senadores del PRI, Gándara y Pavlovich así como el coordinador de los diputados priistas sonorenses, Astiazarán, trio aspirante a la silla de Padrés, no han brindado ni la mínima asesoría legal o tan siquiera se han prestado a ser enlaces con la Secretaria de Gobernación para obtener la libertad de Luna y Jiménez, al contrario, cuando les preguntan sobre el asunto levantan los ojos como buscando pajaritos. Evidencian que los más gozosos de la medida torpe y fascista de los funcionarios de Padrés para remitirlos a los ceresos 1 y 2 de Hermosillo, son los priistas ya que prefieren tener con ello un argumento más para hacer campaña electoral antipanista.
Los yaquis a pesar de ser ofendidos por el estúpido gobernador y sus estúpidos funcionarios no desmienten su alianza con los grandes latifundistas del Valle del Yaqui, amén de decir Cuauhtémoc Cárdenas que se perjudica con el Acueducto de Padrés al conjunto del sector productivo formado también por pequeños agricultores.
Denuncian los Yaquis que se ha secado el Río pero no advierten que no ha sido hasta el momento el acueducto el culpable, si no la conducción indiscriminada de agua a vertientes artificiales para regar tierra de grandes acaparadores, principalmente grandes empresas agrícolas particulares que rentan de 300 a 5 mil hectáreas cada una en los últimos 60 años y que los viejos ejidos que podrían emparentarse con los integrantes yaquis que también rentan su tierra, no operan si no que les han entregado la tierra desde 1980 a rentistas con contratos multianuales de arrendamiento interminable, una gran agricultura extensiva de riego que ha utilizado más del 90 por ciento del agua del novillo para cultivar trigo, maíz o algodón, causa más creíble del secamiento del Río Yaqui y la extinción lamentable de extensas áreas de flora y fauna en los alrededores de la rivera que viene de la montaña.
Sin embargo tener a los yaquis presos con un proceso penal infundado, con un ministerio publico politizado, cínico, corrupto y alineado al poder del gobernador en turno nos indica que la impartición y procuración de justicia es un remedo, una simulación descarada que solo se utiliza para proteger los bienes de la burguesía contra los pobres que osan robar por su pobreza, mientras los grandes ladrones de cuello blanco, que operan en bancos, en las dependencias de gobierno y que se vinculan en muchos casos con narcotraficantes, andan libres.
Este solo hecho de no resolver el problema yaqui y levantarle falsos penales, puede darle a la sociedad el argumento suficiente para no confiar en el gobierno y no confiar en el proceso electoral, porque los yaquis Luna y Jiménez son nada menos que presos políticos del gobernador, causa suficiente para no ir a votar o para combatir las elecciones que son la vía más fácil para que déspotas gobernantes lleguen al poder lastimando a la sociedad robándole, protegiendo intereses fácticos y privilegios de unos cuantos. (Alejandro de la Torre).
