Yo vivo de preguntar: saber no puede ser lujo.
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
Yo vine para preguntar flor y reflujo.
"El Escaramujo", Silvio Rodriguez.
De las tres funciones en donde se crean organismos autónomos dedicados a las elecciones, los derechos humanos y la transparencia parecería que esta última fuera la de menor importancia, pero una sola mirada nos dice lo contrario.
Hagamos una simple metáfora para demostrarlo.
Si tuviéramos un grave hambriento encerrado e ignorara que en el cuarto de al lado existe alimento, muriera de inanición. Pero si le informamos de ello, no dudaría en abrir un hueco para salvarse y saciar su hambre y sed.
Esto sucede con la sociedad. Hay enorme riqueza y el pueblo con hambre y sed de justicia ignora que al otro lado del cuarto, el estado y la clase explotadora la tienen oculta y se la roban, desconociendo cuanto, donde y como se la roban. Por esta ignorancia la gente es dócilmente manipulada.
La presunta institución que debiera garantizar el derecho de acceso a la información y aterrizar en la practica los artículos 6° constitucional federal y el 2° constitucional sonorense en vez de cumplirlos los inhiben.
Con la reforma estatal a la Ley de Acceso a la Información Publica en mayo de 2010, el Instituto de la Transparencia en Sonora absorbe las facultades para dirimir controversias entre recurrentes y obligados de las fuentes públicas informativas y hoy su labor se ha entorpecido cuando de hacerla cumplir se trata.
Esta es la dolosa irresponsabilidad de gobernantes y funcionarios públicos que informan supuestamente de todo cuando en realidad no informan de nada.
El ITIES encabezado por sus vocales Francisco Cuevas Sáenz, Arely López Navarro y Andrés Miranda Guerrero con percepciones mensuales de 85 mil pesos el presidente y 80 mil pesos los otros dos, más un estímulo personal anual adicional de otras decenas de miles de pesos, por “su buen desempeño”, contrata abogados eventuales cuando deberían ser especialistas en la materia informativa, para aplicar la ley reglamentaria sobre la materia.
El ITIES contó con un presupuesto anual de 15 millones 315 mil pesos de los cuales las mitad son para servicios personales incluidos dos millones de pesos para estímulos al personal de confianza y poco menos de la mitad para servicios generales. Un gasto excesivo cuando la pobreza de la mayoría del pueblo sonorense se encuentra en la raya y en la ignorancia profunda. (Ver cuadro 4).
Así su función es específicamente para resolver las quejas ciudadanas ante un instrumento deficientemente utilizado como es el recurso legal para revisar las respuestas a las solicitudes de información que presentan los interesados a dependencias gubernamentales y que estas esquivan, sesgan, incompletan o de plano no contestan. A pesar de que la información la tengan a su disposición.
De esta manera y tal como se hace en el plano electoral o en los derechos humanos se apantalla mediante los medios de comunicación a los receptores para que crean o presientan que opera eficaz y eficientemente la Transparencia en Sonora, cuando en realidad el “Instituto” adversamente carece de las facultades que antes poseía el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia como autoridad coactiva judicial contra los que incumplen con la ley o desacatan sus resoluciones ya que antes se podía acudir a otra instancia del poder judicial ante resoluciones insatisfactorias para el quejoso.
¿Por qué no informa el gobierno y los gobernantes de los dineros públicos y de su aplicación, de sus ingresos, de los proyectos, de los gastos y de los detalles de las contrataciones de obra y proveedurías, y mucha más información pública?
Por que precisamente se descubriría con números y evidencias que sustancialmente la labor del gobierno es corrupta y como consecuencia empezaría una cacería de ratas.
Ya que solo entregan información incompleta vía internet o de forma muy general, siempre y cuando esta información no tenga efectos legales subsecuentes o derive en deducciones que encuentren corruptelas y desvíos ilícitos.
Esta deficiencia solapada por el ITIES que desempeña una función de cubierta de oropel busca el efecto contrario al que debería de cumplir, o sea, obstruir la información.
Los portales de internet en Sonora que manejan recursos públicos (no se descartan los de las dependencias y organismos en casi todo el país) son un remedo del encubrimiento de lo que realmente el gobierno dispone y aplica del dinero obtenido de los impuestos pagados con y por el trabajo del pueblo y que es dinero que en gran parte va a parar a las ganancias de grupos empresariales corruptos y corruptores, a altos funcionarios con mochadas y al esquema de poder.
Esta “información” que “informan” las entidades y sujetos obligados no está sustentada en un mecanismo que compruebe que sea una información fidedigna, real, legal y oficial.
Por eso el sujeto obligado (gobernantes y funcionarios) pueden informar lo que se les pegue la gana, ya que se hace de la vista gorda el organismo –ITIES– que debería obligarlos.
El procedimiento para solicitar información por si fuera poco es tortuoso, doloso y evasor, que puede durar hasta varios meses en casos tan simples como pedir la aplicación de recursos públicos por ejemplo, por solo decir algo, para comprar lápices.
El solicitante llena un espacio haciendo sus preguntas vía internet en el portal Infomex y en menos de 15 días hábiles le llega una notificación con una respuesta incomprobable.
Si el solicitante no recurre al recurso revisor mediante un escrito dirigido al débil staff jurídico (pero no mal pagado) del Instituto de la Transparencia, el sujeto obligado ya la libró y esa información nunca será real, ni tendrá ningún uso, si no solo engañará y cumplirá con crearle un dato imaginario a la curiosidad del preguntón o en el peor de los casos será información sesgada o incompleta que no producirá efectos legales de ningún tipo, cuando lo que debería tenerse es una rendición de cuentas verdadera como lo marca la Constitución.
Y toda esta deficiencia con la coraza protectora del ITIES y a nivel federal pero todavía con mas oropel y sutileza, el IFAI.
Pero el análisis del organismo federal de información es materia prima de otro interés intelectual y tesístico, será de otro momento, espacio y autor.
Lo que nos interesa es el Organismo de Acceso a la Información Pública en Sonora, llamado ITIES y se encarga de la información que debe rendir el gobierno del estado y sus dependencias, el congreso, los ayuntamientos y los organismos públicos.
Que despliega una imagen vinculatoria muy cercana a los sujetos obligados (el gobierno) y muy lejana a los ciudadanos en general o a los solicitantes y recurrentes.
Y que nos podríamos atrever a decir que es una vinculación cómplice y sobre protectora al servicio del gobierno y del poder y de sus actividades opacas y evasoras.
En un evento de métrica de la transparencia el pasado 25 de septiembre, el que esto escribe llegó al cierre en la sala de cabildo en Cajeme. Ahí se encontraba el alcalde y sus funcionarios así como el director de Oomapasc Sergio Pablos y el presidente del ITIES Francisco Cuevas. Un mes atrás se emitió una resolución sobre el recurso de revisión RR-085-2013 contra el mismo Oompasc que hasta la fecha después de más de 50 días hábiles no cumple dicho Oomapasc siendo su director el principal evasor irresponsable, pero oh paradoja, Cuevas con Pablos se daban ante mi mirada perpleja un fuerte abrazo tronado en la espalda. ¿Qué más se puede decir?
Una de las principales argucias para evadir la información pública es considerarla información personal restringida.
Ocultando la información pretextando que se rompe con la privacidad de las personas. Herramienta magistral para evadir la ley, echando abajo la prerrogativa constitucional de “máxima publicidad”.
Sin embargo, ¿Qué información privada personal de los ciudadanos de a pie no tiene el Estado, las corporaciones trasnacionales como los bancos y las financieras, el CISEN, el FBI, la CIA o la Coppel?
Todo se conoce de los ciudadanos comunes, ingresos, deudas, propiedades, miedos y gustos; adicciones y costumbres, preferencias y prejuicios, vida civil y penal, labores políticas y religiosas, tendencias criticas y conspirativas. ¿Qué hay que proteger de los comunes? Nada. Lo que se protege es la oscura vida de los grandes oligarcas y sus propiedades, de sus negocios opacos con el poder público, contratos en telecomunicaciones y en energéticos, explotación de minas de oro y plata, de sus inversiones financieras y fobaproas, de las exenciones de impuestos y del lavado de dinero que practican.
¿La transparencia? Un mito.
El terrible arraigo de Fausto León Uriarte
Fausto el invasor de latifundios, el permanente preso político de la era de Ocaña, Félix Valdés y Beltrones, el incorregible organizador de campesinos, líder indiscutible y revolucionario del Frente Campesino Independiente en 1975 principal palanca para el reparto agrario. A los 68 años de edad fue desaparecido por algunos días y fue privado de su libertad en febrero de 2011 por el gobierno de Guillermo Padrés y por el procurador Abel Murrieta y encerrado en una de las casas de tortura durante 31 días, llamadas casas de arraigo, teniendo dentro una tasa hedionda para cagar, sin agua, sin papel, sin muebles a piso pelón, sin comunicación, con baja ración de alimentos, sin atención medica y con problemas de próstata complicados actualmente a raíz de su detención.
La noticia se conoció en los medios, ya que Fausto se enfrentaba junto a un grupo de campesinos a una de las compañías extranjeras extractoras de millones de dólares de oro en Álamos. Pero el presunto Ombudsman sonorense Raúl Ramírez durmió en sus laureles y a pesar de ello fue designado pecaminosamente hace unos días vicepresidente nacional de los organismos públicos de derechos humanos en Nayarit, y a la fecha es un hecho que no tuvo el mínimo interés por indagarlo.
Buen trabajo al servicio del poder, señor Ramírez, una raya más al tigre… (Alejandro de la Torre).
