(Primera parte)
No amaneció en la larga y oscura noche desesperada. El supuesto “Estado democrático” se revuelve en sus propias vísceras ahogándose en la perversión de tener todo bajo control, aparentando inclusión, participación y acceso al poder público, pero dando a cambio todo lo contrario.
Las piezas fundamentales de sus vicios permanecen intactas: hegemonismo, privilegios, corrupción.
La historia no se hizo, se repitió con el PAN en el poder gubernamental, el sistema involucionó o sea se recorrió atrás, como si no hubiera sido suficiente la opresión de décadas del PRI gobierno y la explotación, enajenación popular y de los trabajadores, que siguen intactas.
Narcotráfico, intereses fácticos, alta clase empresarial perversa, sistema de medios de comunicación prostituidos, ganancia para unos cuantos burgueses y pobreza para la mayoría de la gente, opresión para los indígenas mayos y yaquis y un esquema podrido y ladrón en el ejercicio de la administración pública del estado de Sonora.
En este escenario se desenvuelven tres elefantes blancos o mejor dicho mamuts ostentosos, manipuladores y falaces en Sonora: el Consejo Electoral, el Instituto de la Transparencia y la Comisión de Derechos Humanos.
El sistema gubernamental requiere de estos tres aparatos que debieron servir al equilibrio y desarrollo de la democracia y que terminaron por convertirse en maquinarias cinicas y mentirosas para encubrir al poder arbitrario, su corrupción, el fraude, la opresión de la sociedad civil, las injusticias humanas cometidas por el poder gubernamental, el desaseo y la oscuridad para ejercer los recursos públicos y el sometimiento a la línea vertical de opresión política contra el pueblo al que marginan del reparto de la riqueza, las ganancias y los privilegios de grupos selectos que se quedan con la obra pública y las proveedurías públicas.
Guillermo Padrés demostró ser mejor que Eduardo Bours pero para robar, para ejercer el despotismo, el compadrazgo, el engaño y la manipulación. Y los organismos autónomos se vuelven apéndices de esta tramoya, barnizando algunos casos y algunas competencias pero en la mayor parte de los casos fracasando y traicionando su función sustancial.
Le sirven al hegemonismo del poder, dotándolo de una imagen trapeada pero en el fondo es servilista y dependiente, sucia y desleal con la mayoría ciudadana que marginada los mantiene vía impuestos con altos sueldos y enormes gastos operativos.
Esa balsa de salvación, esa isla para defenderse y capear la marea corrupta y abusiva del poder, que debieron asumir como oficio y servirle a la sociedad, se tornan más bien en contrarios, son los que al final dan la puntilla para que el naufrago ciudadano se ahogue o dan el último empujón a la almohada para que la cabeza ciudadana se asfixie o despegan el ultimo dedo de la mano ciudadana para que caiga al precipicio.
Hay un cordón umbilical cínico e hipócrita entre los organismos autónomos “ciudadanizados” y el Estado que nada se hace si no se pone detrás la supervisión y control de la férula del gobernador y su sequito.
Los organismos “ciudadanos” surgen y existen por la demanda generalizada de la sociedad y del pueblo por un sistema de vida mejor con libertades y equidad ante la injusticia, el abuso y el despotismo político que reina.
Pero el poder crea y los fabrica para atender esa demanda pero volviéndolos titieres y adaptados a sus requerimientos de control y al final se vuelven parte de ese sistema viciado de poder.
Estos son los organismos traidores de la confianza ciudadana CEE, ITIES y CEDH en Sonora, describámoslos uno por uno.
Consejo Estatal Electoral
A pesar de cumplir 20 años de fundado no ha logrado en todo ese tiempo definirse a sí mismo y definirse frente a la sociedad.
Los alcances del CEE han sido muy limitados con todos y sus 201 millones de pesos que gastan al año de dinero público, junto a los partidos políticos amamantados por esa ubre. De tal forma que se prestó a inicios del año 2012 a cumplir un papel de marioneta cuando desde el gobierno del estado anunciaban con bombo y platillo la realización de plebisitos sobre las obras y los planes acuíferos de Guillermo Padrés.
Desde luego que es de todos conocido que la iniciativa se frenó por querer realizarse simultáneamente con el proceso electoral, frustrándose hasta la fecha cualquier destello de la engrillada nueva Ley de Participación Ciudadana que cumplirá dos años dioquis sin aplicarse un solo resquicio de sus ordenamientos.
Los cinco integrantes del Consejo Estatal Electoral y sus empleados gastan anualmente en servicios personales 138.2 millones de pesos, de los cuales 5 millones 640 mil pesos son para pagarles sus sueldos a los consejeros Marisol Cota Cajigas, Fermín Chávez Peñuñuri, Francisco Zavala Segura, María del Carmen Arvizu Borquez y Sara Blanco Moreno y un bono adicional mensual de 20 mil pesos para el que lo preside (Ver cuadro 1).
Además el area administrativa del Consejo tiene una partida adicional de 11 millones 564 mil pesos para estímulos al personal, repartidos entre sus funcionarios y empleados.
Otros 91.5 millones son del gasto para servicios generales, renta de automóviles y edificios, viáticos, servicios diversos y publicaciones (Cuadro 2).
Evidentemente este dinero público gastado por el CEE es muy exagerado al tomar en cuenta la pobreza en la que vive la mitad de la población sonorense y el desempleo y los bajos salarios de los trabajadores.
Fuera de las actividades nimias de concursos de oratoria, conferencias con temas políticos, celebraciones, cursos de capacitación y otros que llegan a impactar a un sector muy reducido de la población, el principal pecado e ilegalidad cometida por el CEE es permitir la violación de la Ley con el rebasamiento del tope de gastos de campaña en cada proceso electoral y en cada campaña de cada una de las candidaturas del PRI y del PAN.
Los adinerados han rebasado en dos y hasta en cinco veces más el gasto permitido por el Código Electoral del Estado de Sonora y esta sola irregularidad fuera para desconocer y revocar al Organismo Electoral CEE y anular cualquier tipo de elección por que es la columna vertebral de una función ilícita promotora del fraude.
Por ejemplo, en 2009 en las campañas de las candidaturas a gobernador se permitía un tope de gasto de 53 millones de pesos y el PAN y el PRI encabezados por Padrés Elías y Elías Serrano llegaron a gastar más de 200 millones de pesos.
Otro ejemplo es en Cajeme el mismo año, los candidatos Vargas Gaytán y Barro Borgaro solo podían gastar un tope de 8.5 millones de pesos y se comprobó que gastaron alrededor de 20 millones de pesos cada uno en su campaña por la presidencia municipal.
El fenómeno se repitió tres años después con la violación de la Ley y la complicidad del CEE, y Eloisa Flores candidata del PAN apoyada por el gobierno del estado ya que rebasó los 30 millones de pesos en su campaña cuando solo podía gastar como tope 10 millones perdiendo la elección con creces a pesar de que el candidato del PRI Rogelio Díaz Brown hoy alcalde también rompió el tope pero gastando entre 15 y 20 millones de pesos para obtener un resultado record de más de 100 mil votos.
Hacerse de la vista gorda, dejar pasar de largo todas las anomalías en el uso y erogación de dinero sin fiscalización, es el peor acto y omisión criminal de suciedad e inequidad entre los que compiten por el poder público, unos financiados por millones de pesos y otros que no tienen ni para imprimir un pendón, todo con el encubrimiento del CEE.
El órgano electoral al que le agregaron el mote ocioso “y de Participación Ciudadana” no ha hecho en ningún momento honor a su nombre, porque se vuelve un organismo mas al que le dicen tener un carácter “ciudadano” pero que a final de cuentas cualquiera que llegue y le paguen 90 mil pesos mensuales dirá mentiras y todavía le den estímulos adicionales de una bolsa de 11 millones de pesos que tiene a disposición, actuará teatralmente y se autollamarán adalides de la democracia. Como diría mi compadre “yo también me haría pendejo”, “es como sacarse la lotería”.
Hay ciudadanos con integridad en nuestra sociedad golpeada por la antidemocracia y el abuso del poder que desempeñarían su función como consejeros de forma honoraria, sin cobrar un cinco, por que les duele su entidad y la aman.
Y asi debiera ser ya que el papel de consejeros es esencialmente para fiscalizar y sancionar y el resto de actividades son para la planta operativa que debe desempeñarse con un servicio profesional de carrera. Pero es lo contrario, los consejeros en jefe y que no deben considerarse jefes o jefas, son los más huevones y los más buenos para hablar.
Pero es evidente que el poder requiere un organismo a su modo, que sea un títere y es el papel que asumen sus directivos, un papel de traición a la sociedad.
Continuará: El papel del Instituto de Transparencia y la Comisión de Derechos Humanos. (Alejandro de la Torre).
