Los organismos autónomos de derechos humanos, de lo electoral y de acceso a la información pública en Sonora, han demostrado desde su creación ser contensores de la demanda ciudadana. Se han convertido en filtros de la aplicación de la Ley para servirle al poder público encabezado por el gobernador del estado.
Es secreto a voces que el secretario de gobierno es el titiritero de los tres organismos “autónomos” que están ligados por un cordón umbilical al presupuesto público cuyas partidas autoriza la secretaria de hacienda del estado, este es el principal vinculo de subordinación de tales organismos, causa fundamental de la desconfianza en ellos ya que mientras no haya una reforma legal que rompa esta atadura, o sea que mientras no se cree un fondo independiente a los recursos que firma y distribuye el gobierno que provea su subsidio y además que sus integrantes, -consejeros, vocales y ombudsman- sean designados solo por un procedimiento democrático ciudadano y no como ocurre actualmente que son designados cada cuatro años como consecuencia de las negociaciones y cochupos de los diputados del PRI y del PAN con la maniquea influencia del gobernador.
Este es el caso evidente de la CEDH en Sonora. Su titular en vez de defender al pueblo, concerta con el poder gubernamental subordinándose al artilugio legaloide, auto amarrándose las manos por recomendación de sus abogados, con altos sueldos y que casi siempre han vivido de empleos en el aparato de gobierno.
El temor, las reservas, la sutilidad, la diplomacia servil, la reverencia a la autoridad estatal, el excesivo alineamiento a la reglamentación, siempre han sido los comportamientos de los presidentes de Derechos Humanos. En vez de asumir una posición erecta, sobria, rígida, firme, utilizando más su autoridad moral y política, en vez de los apapaches, el doblamiento y la declinación.
Esta ha sido absolutamente la actitud y el comportamiento del actual presidente de la CEDH en Sonora, Raúl Ramírez Ramírez y de sus principales abogados, cuyos sueldos son altos de 25 mil a 70 mil pesos mensuales más prestaciones y entrega de gastos personales. (Ver cuadro 3).
En Sonora a lo largo y ancho del territorio se violan constantes, rutinaria y cotidianamente todos los derechos humanos por acción y por omisión.
Se desvirtúan los deberes de funcionarios altos y bajos por el respeto a los derechos ciudadanos fundamentales, por el respeto a la dignidad humana no solo por violación directa de las garantías fundamentales si no por el desdén de no respetar la dignidad, el decoro, la liberad elemental de las personas, el abuso autoritario, la indiferencia ante la petición de cualquier persona, la desigualdad entre prepotentes funcionarios y ciudadanos comunes, la mentira, manipulación y chantaje de los que ejercen el poder y presupuesto públicos para burlarse de los pobres que piden lo elemental, que no son escuchados, que se les cierran las puertas, que son manejados con dadivas por grupos políticos, que son engañados con información falsa, con difusión falsa de medios de comunicación subsidiados por el gobierno, de la omisión generalizada en todos las aéreas de responsabilidad pública, que prestan servicios deficientes, abusivos y fraudulentos, que aplican la ley sesgadamente o con un sistema de seguridad publica corrupto.
La violación de los derechos humanos no se respeta por el hecho de haber disminuido en gran parte la tortura que se sigue practicando en los cuerpos policiacos, pero que hace años era abierta y despiadada como casi único instrumento para culpabilizar a sospechosos.
Porque hay derechos humanos más sutiles pero no menos importantes como la dignidad, el decoro personal o la libertad elemental de circular y preferir que son rotos, lastimados cotidianamente por el autoritarismo gubernamental que son indiferentes, inapreciables por la insensibilidad y politiquería de un supuesto “Obudsman” al servicio del gobernador y por la costumbre de una sociedad pisoteada que no exige el respeto de sus derechos.
Igualmente existe un pisoteo indiscriminado contra los trabajadores de las maquiladoras en sus derechos humanos dentro de la propiedad trasnacional que es un campo excepción en la aplicación de las leyes y por lo tanto indiferente y borrado también para el organismo de “derechos” humanos que no tiene la mínima voluntad para intervenir en miles de casos de violaciones sumados a la violación terrible de los derechos laborales.
El pretexto de la planta de abogados de la CEDH para no resolver a favor casos elementales de violación de derechos humanos y declararlos improcedente en vez de utilizar la voz política para pronunciarse a favor del ciudadano aunque le falten condiciones legales para que caigan en los supuestos de violación de derechos, es con el prejuicio de que no cumplen con los procedimientos y las reglas secundarias y el artilugio principal para evitar los casos es que no son una autoridad jurisdiccional, argumento huizachero.
Por lógica mientras los abogados de la CEDH mas se incrusten en querer respetar el papeleo legal, más a fondo se hundirán para no cumplir su función para la que están, de ser defensores de la gente, y a la vez protegen al poder público sobre el cual presuntamente combatirían en sus excesos.
Es básico entender, que la CEDH además de poder litigar, tiene un carácter más importante que es el de ser una autoridad política que debe estar a favor de la gente y no en medio de las controversias de las partes –ofendido y gobierno–, y como tal su pronunciamiento político no se ejerce por el miedo al poder del gobernador y a su subordinación económica, ganándose la desconfianza ciudadana.
Ha fallado Raúl Ramírez Ramírez y su asesores, en aéreas fundamentales que han evitado ir a su auxilio por oficio: La libertad de expresión mancillada y prostituida en Sonora, los abusos y hacinamiento en las cárceles y su nula justicia y readaptación y la penalidad que sufren los familiares de los internos, los múltiples casos de “buling” como contra la niña Joana y del niño suicidado y la torpe y dolosa omisión de la autoridad educativa del estado en todas las escuelas públicas, la omisión del gobierno en impedir que mejore el terrible e inhumano servicio de transporte público urbano, la desatención de familiares y enfermos en los linderos de los hospitales del estado y hasta la muerte de indigentes como el jornalero José Sánchez, los cortes inhumanos inconstitucionales del servicio de agua potable a los domicilios, los retenes ilegales que practican los cuerpos policiacos y cachean a los automóviles por dentro sin orden judicial y las revisiones ilegales a las pertenencias de personas “sospechosas” a sus bolsas y bolsillos sea en la vía publica o a los comensales en antros, la inconstitucional operación mochila que abren la intimidad de todas las niñas y niños con el pretexto de que hay alumnos que portan artículos peligrosos.
El caso terrible contra el comunicador radiofónico al que le tendieron una trampa, Abraham López Otero que sigue injustamente recluido en el Cereso de Cd. Obregón que abusaron de su persona fincándole un delito inventado de “Trata de personas”, violando sus derechos golpeándolo arteramente en su detención y torturándolo, al que no tuvo voluntad el “ombudsman” de ni siquiera revisar, lavándose las manos.
El caso de ominosa injusticia contra Rafael Murillo Guzmán y otros dos compañeros todavía presos injustamente en el Cereso de Obregón, chivos expiatorios del robo de Sepsa en el año 2004, cuando trabajaban como guardias de valores y que tuvieron que culpabilizarlos con tortura, para que la empresa de valores cobrara el seguro del robo ya que Raúl Ramírez Ramírez no quiso pronunciarse por su liberación por miedo al gobernador.
Y para que agregar el caso del sufrimiento de los padres de los niños muertos y heridos del incendio de la guardería ABC ya que el “ombudsman” sonorense nunca se pronunció por Justicia.
Nos debe la comisión pues y desde luego su representante. Una deuda irresarcible.
Continuará: El papel del Instituto de Transparencia.
Alejandro de la Torre
