Los así llamados representantes del pueblo, los diputados federales son quizás los políticos que más se burlan no sólo de la ciudadanía sino de las leyes mismas.
Ya que por un lado les corresponde hacer las leyes y las reglamentaciones correspondientes, de las que es por demás sabido, que las hacen a modo. Con resquicios y lagunas para poder maniobrar en caso de caer en alguna red.
Por otro, son los responsables las leyes de ingresos y de egresos; en cuya misión, hacen gala del refrán “el que parte y reparte se lleva la mejor parte”. Esto es, a los altos sueldos que se asignan los legisladores, les han agregado las partidas secretas, subvenciones como se les conoce, que la ley marca como recursos que no tienen que ser auditados y tampoco están etiquetados.
Vean ustedes, en el reporte legislativo de junio de la firma Integralia que dirige el ex presidente consejero del IFE Luis Carlos Ugalde, los grupos parlamentarios se asignaron a sí mismos partidas millonarias, además del presupuesto público que les corresponde. Se trata de un recurso “secreto” para que lo gasten de manera discrecional.
Con esta maniobra los legisladores rayan en el exceso; y no es exagerada la crítica que les reclama no tener llenadera. Sobre todo porque el Congreso de la Unión es uno de los más caros en el mundo; a pesar de ser México una de las naciones con más pobres y mayor desigualdad social.
De acuerdo a ese informe, este sobresueldo para diputados y senadores ha sido utilizado para pago de asesores, viajes, premiar aliados, gastos personales y hasta para financiar campañas políticas. Este año a los 128 senadores les correspondieron 468 millones de pesos extras; y a los diputados que suman 500, correspondió, de enero a abril del presente, casi 366 millones de pesos.
En resumen, con estos representantes del pueblo, mejor que no nos representen; ya que en su labor de partir y repartir el presupuesto, afectan al pueblo y se favorecen a sí mismos.
