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Por Lidia Cacho
Nadie puede siquiera imaginar el sufrimiento de perder a su bebé. Nadie. Podemos sentir una profunda compasión por las madres y padres de las y los 49 pequeños que murieron en el incendio; podemos indignarnos y exigir; podemos incluso sentir el sabor salado de las lágrimas mientras escuchamos las declaraciones detalladas de cómo vivieron el momento crucial de sus vidas, cuando esperaban afuera de la guardería y veían a bomberos, paramédicos y policías salir corriendo con pequeños cuerpecitos en sus brazos.
El humo negro, el olor indescriptible, el terror acumulado en el pecho, ese tipo de terror que impide respirar. Y los días posteriores, volver a casa, entrar una y otra vez a la habitación de la pequeña; llorar cada vez que se mira la sillita en la que el nene desayunaba.
Como cualquiera de nosotras hubiera hecho, los padres y madres de las víctimas de la Guardería ABC se preguntaron qué sucedió, cómo nadie apagó el fuego a tiempo, y mientras obtenían más evidencia, su desesperación se fue convirtiendo en una indignación enfocada a la búsqueda de justicia. Exigieron encontrar a los culpables, tanto intelectuales como directos, de ese incendio mortífero.
Fueron a las cortes, dieron cientos de entrevistas, reunieron pruebas, pasaron noches de insomnio, tuvieron problemas familiares y económicos. Sus otros hijos o hijas les reclamaron su ausencia. El dolor dejó de ser aquel aislado puñal en el corazón y se fue convirtiendo en un compañero cotidiano al que habría que aprender a domar.
Y como toda víctima no millonaria que busque justicia en este País, las familias de lo que se ha llamado el caso ABC tuvieron que aprender de leyes para entender los vericuetos, y reunir donativos para pagar una defensa legal digna, y enfrentar a funcionarios corruptos, aprender a leer entre líneas las declaraciones de funcionarios que prometen para no cumplir.
Y llegaron a la Suprema Corte sólo para comprender lo que miles de víctimas entienden: que el tribunal supremo de México cuenta con sus miembros especiales que obedecen órdenes presidenciales, cuya moral es más flexible que la liga que une un fajo de billetes recién sacados del banco.
Desde 2009, cuando la mano de un sujeto incendió la bodega adjunta a la guardería, hasta la fecha, las autoridades federales han sido voluntariamente incapaces de esclarecer el caso. Leo las palabras de un tuitero que escribe: "pobres, pero ni para qué marchan los de #GuarderiaABC". Y me pregunto cuánta gente pensará lo mismo en silencio, cuántos millones de mexicanos creen que si un caso no se resuelve en cuatro años, ya no vale la pena seguirlo. Pero se equivocan. La justicia en nuestro País es, entre otras cosas, lenta como una tortuga pero eso no impide que se exija su cumplimiento.
Ciertamente buscar justicia es una especie de carrera de relevos, un barril sin fondo al que se va el dinero; una caminata de resistencia en que se aprende a vivir la vida como en un circo de tres pistas. Acudir a los tribunales y a las procuradurías es lo más parecido a vivir en una montaña rusa; sin embargo, a pesar de todo lo anterior buscamos justicia.
Esta semana, madres y padres de las víctimas mortales de la Guardería ABC se presentaron ante la PGR para entregar evidencia puntual sobre cómo el ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, podría haber ordenado a funcionarios de su gobierno la quema de documentos que demostraban malos manejos de 10 mil millones de pesos de su fallido Plan Sonora Proyecta. Hay testigos, líneas de investigación y evidencia puntual. Por eso no pierden la esperanza.
¿De qué serviría que juzguen a los culpables materiales e intelectuales del incendio?, pregunta un hombre a una de las mujeres que marcha, si nadie les va a devolver a sus hijos, apunta el extraño antes de irse.
Ya desde que este valiente grupo de padres y madres, denominados Manos Unidas por Nuestros Hijos y Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, cosas buenas han surgido en el País. Su persistencia nos educó sobre la paupérrima condición de seguridad de las guarderías subsidiadas por la Sedesol, logró que varios gobiernos estatales ordenaran la revisión de las instalaciones de guarderías públicas y se exigió la creación de salidas de emergencia.
Protección Civil comenzó a hacer revisiones sistemáticas para asegurarse que en las guarderías estuvieran al día los equipos contra incendios y que el personal estuviese capacitado para utilizarlos. La posibilidad de que un evento como éste se repita es casi nula, gracias a que estas familias no se guardaron en casa a llorar su pérdida, sino salieron a la calle y nos hicieron comprender el peligro de programas sociales de creación de guarderías sin protocolos de seguridad y supervisión.
Desde entonces, he escuchado una veintena de historias, en diferentes estados de la República, en que mujeres antes de entregar a sus bebés en guarderías exigen revisar los sistemas de seguridad y contra incendios. Eso no ocurría antes en este País.
Está claro que la muerte de esas criaturas no fue intencional, pero el incendio aledaño, según la evidencia, sí lo fue. Por lo tanto hay responsables y si entre ellos están funcionarios públicos y un ex Gobernador, se les debe juzgar. Eso es lo que exigen las familias de ABC, y junto con ellas la sociedad civil. Nadie puede reparar su pérdida, pero sin duda podemos honrarles por habernos educado sobre el estado de las guarderías y el bienestar de nuestros hijos e hijas.
@lydiacachosisu
