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Formados al calor del derrumbe del hegemonismo del poder político en Sonora, todavía sin terminar de evolucionar, tres organismos autónomos ofrecen más caldo que albóndigas: se mueven en un vaivén de alto costo público y pocos resultados.
El Instituto de la Transparencia Informativa, el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana y la Comisión de Derechos Humanos gastarán del dinero público anual obtenido de los impuestos de los contribuyentes del Estado de Sonora, 13.3 millones, 200.9 millones y 27 millones de pesos respectivamente, pero sus beneficios no se reflejan en mas acceso, mas democracia y más garantías para los ciudadanos. Al contrario.
Las percepciones económicas de sus titulares Francisco Cuevas, Francisco Zavala y Raúl Ramírez, rebasan los 90 mil pesos mensuales y sus principales colaboradores obtienen de 50 a 85 mil pesos, sean vocales, consejeros o visitadores. Lo que rebasa en mucho los sueldos de los más altos funcionarios en bancos, empresas o industrias.
Este gasto público extraído del trabajo del pueblo dista mucho de la efectividad a la hora de demostrar su relevancia ante tres experiencias que el autor tiene con estos tres organismos con “autonomía” distinción que les otorga la Constitución Política del Estado de Sonora.
Su existencia ha sido una constante en los escenarios y reflectores que les brindan los principales medios de comunicación con leyes obtenidas por la demanda de la sociedad que fuerza a los creadores de estas leyes, (diputados). 1.- La reforma del 2012 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 2.- La Ley en 1991 con subsecuentes reformas en 2000 en Derechos Humanos, y 3.- En 2008 con la reforma al Código Electoral de Sonora.
A la hora de reflejarlo en lo concreto choca el sueño democrático con la cruda realidad.
Primera experiencia.
ITIES.- El 7 de noviembre de 2012 hice dos solicitudes de información en el modulo de transparencia del Ayuntamiento de Cajeme. Pasaron 72 días hábiles y el sujeto obligado –el ayuntamiento–, no contesto al solicitante. Le envió por paquetería al ITIES el pasado jueves 21 de febrero de 2013 la respuesta y al ciudadano lo mandaron por un cuerno.
Segunda experiencia
CEE y de PC.- A fines de enero de este año la Junta de Conciliación y Arbitraje de Hermosillo resolvió por cuarta vez postergar la audiencia de desahogo de la prueba testimonial de la parte demandada en el juicio por despido injustificado 2088/09, después de dos años de no poderse llevar a cabo. En abierta complicidad con el Organismo Electoral ha retardado el caso y le junta le ha dado chichi o chance al CEE, notificando y aplazando la audiencia cuando debió la parte demandada haber presentado a sus testigos por su cuenta y a la primera audiencia, ya que la orden inicial así lo expresaba, evidenciando este contubernio para perjudicar al demandante –Alejandro de la Torre–, y ganar el juicio ya sea por cansancio o error del mismo.
Aquí se demuestra que el CEE se pasa la ley por el arco del triunfo y le valen cacahuate los derechos laborales, violentando uno de sus principios fundamentales: la legalidad.
Tercera experiencia
CEDH.- Alejandro Valenzuela cuarto visitador desechó sin mayores aspavientos el pasado 10 de enero de 2013, a la primera revisión, una demanda interpuesta por el quejoso Alejandro de la Torre por violar sus derechos consagrados en la Constitución Política de México numerales 6 y 7, que explicitan el derecho a la manifestación de las ideas y a la libertad de imprenta, ya que los funcionarios del gobierno municipal de Cajeme contrataron publicidad oficial a los medios de comunicación afines a ellos, discriminando los adeudos con la Revista Crónica 10 por la única razón de los contenidos de esa pequeña revista ya que no es afín a sus propósitos e imagen.
Estas tres desabridas experiencias generan desconfianza e incertidumbre para afirmar si la alternancia ha servido para algo, si no únicamente para dorar la píldora y conservar los mismos intereses.
