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Por Alejandro de la Torre
El gran movimiento ciudadano que se ha opuesto no solo al acueducto del Novillo si no al poco crecimiento comparativo del sur de Sonora con respecto al obtenido en los últimos años por la capital Hermosillo, no encontró cause ni reflejo al momento de confeccionar y conformar al actual gobierno municipal en Cajeme, a pesar de ser la principal fuerza opositora al gobierno obtuso y cerrado del PAN en Sonora.
La administración municipal encabezada por Rogelio Díaz Brown no recoge hasta el momento al haber transcurrido 3 meses, los instintos participativos y la esencia ciudadana que reclama espacios de decisión no solo con respecto al agua, si no con respecto al desarrollo económico y social y la construcción de un esquema de involucramiento de la gente para resolver los graves problemas urbanos y de desempleo: Basura, contaminación, vialidades destruidas, delincuencia, grafiti, pobreza urbana y rural, cobros injustos de agua potable, alto índice de homicidios, etc.
Se montaron los grupos políticos y las cabezas priistas en los principales cargos públicos municipales olvidándose que había una sociedad civil desorganizada, pero que espontánea y homogéneamente es la causante de su éxito electoral, la cual otra vez se queda prácticamente como el perro de las dos tortas, fuera de la toma de decisiones. Como si la franquicia PRI tuviera carta de porte para dejar fuera a la sociedad, culpable de votar por ella y abrogándose todo el derecho a repartir sin compartir.
De esta forma Cajeme sufrió en los últimos tres meses, -amén de las últimas 6 semanas en que se aplicó un buen programa de limpieza de camellones y bacheo, pero igualmente insuficiente y de que no se ha detenido en ningún momento la vigilancia policiaca-, ante la proliferación del descuido urbano, sufrió una parálisis de labores se puede decir que a causa del agotamiento financiero de las arcas municipales que el gobierno anterior de Manuel Barro consumió casi todo, en los últimos meses de su trienio; pero también de una buena dosis de simulación política de la actual administración municipal.
Por ejemplo, al liquidar con más de 7 millones de pesos a cerca de 200 empleados y funcionarios municipales despedidos que fueron contratados por Barro, para cumplir con los compromisos con priístas que apoyaron la campaña y exigen esas plazas laborales para ellos.
Igualmente es real, que las cuentas por pagar a proveedores y contratistas del municipio ascendieron a varias decenas de millones de pesos y que no se han liquidado hasta la fecha, pero no es real la abultada cifra que se maneja de una deuda municipal de 150 millones de pesos exagerando montos buscando dar un golpe mediático.
Esta carencia de recursos es el principal pretexto para alegar casi una paralización de los funcionarios municipales, empezando por el programa tradicional de Audiencia Pública en que trabaja el alcalde. También parálisis de obras urbanas que fueron muchas detenidas por órdenes de Humberto Meza que fue poco lo que aportó en tres meses como Secretario de Desarrollo Urbano.
O en el caso del síndico Manuel Montaño que mantuvo casi inmóvil las labores de Sindicatura Municipal.
Ni se diga de ninguna actividad notable hecha por la Dirección de Gestión Ambiental conducida por Heliodoro Encinas a pesar de que las vialidades y espacios de la ciudad estén percudidas hasta el colmo por la basura.
Otro caso es el de Emeterio Ochoa Bazúa incapaz de atender centenas de peticiones sociales en su secretaria de desarrollo social, gestiones que muchas no tienen que ver con la falta de dinero si no con la pericia para resolverlas con experiencia y conocimiento de causa, cualidades que le han faltado al nobel funcionario.
En desarrollo económico prácticamente no se hizo nada, más que solo cobrar 7 quincenas de sueldo, al igual que en la dirección de comunicación social con una cartera de adeudos exagerada que dejó Manuel Barro con los grandes medios de comunicación de uno a 1.5 millones de pesos, que no ha sido liquidada, al contrario se ha evitado cumplir con la injusta cuenta por pagar de más 10 millones de pesos en jugosos convenios con 16 medios de comunicación electrónicos y a unos cuantos privilegiados medios impresos que cobran de 200 mil a 1.9 millones de pesos cada uno al año, al erario público municipal, discriminando al periodismo entre ellos CRóNICA10 que interpuso una Queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de funcionarios municipales al sufrir un trato discriminador y marginador incumpliendo con los Artículos 6 y 7 constitucionales que garantizan la manifestación de las ideas y la libertad de prensa.
Es así como ha quedado marginada desde el principio esta sociedad civil en los tres primeros meses de conducción municipal que se ha expresado contra el autoritarismo y la caída de la expectativa económica que se siente cotidianamente y que ha sido alimentada todavía más al percibir que incluso puede arrebatarse en los próximos años el agua para el riego agrícola sea justificado este razonamiento o esté siendo exagerado por los traumas de una clase agrícola fóbica a las sequías.
En vez de implementar espacios de fortalecimiento de la organización ciudadana el gobierno presidido por Rogelio Díaz Brown se ha concretado a realizar diversas gestiones en el DF para obtener recursos sin dar a conocer el plan de obras y ponerlo a consideración de la gente.
Dentro de sus cuatro compromisos que ha dado a conocer como programa de gobierno para los tres años no se contempla la participación ciudadana ni se entiende que los mecanismo que le dan juego a la legitimación de cualquier gobierno debe pasar la prueba del consentimiento y el visto bueno de los ciudadanos y más cuando estos mecanismos requieren de formalidad.
Al contrario, el programa listo para presentarse que se conoce como “Trato” trae un esquema no de relevancia en el juicio y libre participación ciudadana, si no que contiene un esquema de formación de Comités de Participación Social –Pasos–, para aplicar los recursos de Desarrollo Social con una dosificación política y tendencial.
Esta situación financiera de las arcas públicas de Cajeme que es óptima comparándola con otros municipios de Sonora prácticamente en la quiebra, busca ser remontada con la celebración de un crédito con Banobras de 160 millones de pesos para aplicarlo a las urgencias de obras inconclusas que dejó el gobierno anterior y salir de la emergencia que conlleva esperar participaciones federales que no serán remitidas si no hasta el segundo trimestre de 2013 si es que bien le va a los municipios por la programación federal que acaba de cambiar de administradores. Y también el adelanto de 25 millones de pesos de participaciones federales correspondientes para 2013 para solventar gastos de personal que ofreció el gobierno estatal.
El presupuesto de egresos para el municipio de más de un mil millones de pesos en buen augurio sería el más alto en la historia y la búsqueda de mayores recursos parece que tuvo éxito aunque sea con obras etiquetadas. La prueba más confiable para la administración municipal priista será que los recursos sean invertidos en obras prioritarias y no de ornato, así como demostrar transparencia, algo que no sucedió con la administración Barro.
