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Propiciar una organización ciudadana permanente e institucionalizada no sólo para efectos electorales, a través de ella se podrá definir, en cada nivel, qué esperan los ciudadanos de sus representantes o delegados, marcándoles directrices de actuación, según los puntos de vista de cada conglomerado humano, constituyéndose además en los foros ideales para el análisis y el estudio de las alternativas de solución a los graves problemas que aquejan a nuestro país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción II, otorga a los ciudadanos mexicanos el derecho a ser votados. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática (Art. 41, frac. I) y es sólo a través de ellos que un ciudadano puede ser votado.
No obstante los mencionados postulados de nuestra Carta Magna, aproximadamente solamente el cuatro por ciento de los ciudadanos pertenece algún partido político y un porcentaje más reducido aún, al interior de ellos, es el que decide sobre las candidaturas para obtener un cargo de elección popular y en consecuencia, sobre los grandes temas de vital importancia para el país y para los mexicanos. Ante esta realidad, habría que replantear el postulado del artículo 39 constitucional y afirmar que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en “parte” del pueblo, así como que todo poder público dimana también de esa parte del pueblo, en detrimento de la mayoría.
La verdad es que los partidos no solamente están incumpliendo con la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, sino que la inhiben, a través de los candados que las mismas dirigencias partidistas implementan para evitar la competencia política de sus propios compañeros de siglas y de esa manera, hacer llegar al poder político no al más apto, ni con mejor proyecto de Nación, sino a aquél que mejor se acomode a los intereses partidistas o de grupo.
Es común el argumento, muy socorrido por las autoridades, de que los grandes males de nuestro país, como el narcotráfico, los secuestros, la corrupción, la carencia de medicamentos en clínicas y hospitales oficiales, nuestro pésimo esquema de seguridad social y nuestro mal sistema educativo, entre otros, se deben en gran medida a que tradicionalmente la sociedad no se ha involucrado en la cosa pública. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿qué canales de participación son los que se encuentran abiertos para darle cabida a las inquietudes del ciudadano común? Aparte de los foros de consulta que organizan los tres niveles de gobierno, incluidos los congresos federales y locales, que las más de las veces sólo sirven para darle un tono de credibilidad a decisiones previamente tomadas, las alternativas que al pueblo le quedan son las Organizaciones No Gubernamentales, las marchas y plantones para tratar de hacer escuchar su voz, ante gobernantes cada día más insensibles, entreguistas y faltos de principios.
Existe un reclamo generalizado, aun en el ámbito gubernamental, para ciudadanizar los diferentes organismos o dependencias; se pide la ciudadanización de las instituciones de procuración de justicia y seguridad para hacer caso al reclamo social de revertir la impunidad en el país; se ha tratado de ciudadanizar a los órganos electorales federales y estatales con poco éxito, pues tales procesos han degenerado en una pelea encarnizada entre los diferentes partidos para tener prioridad en el nombramiento de los consejeros a efecto de verse favorecidos con sus decisiones, pues no conviene a los diversos proyectos partidistas que tales institutos sean independientes.
La inmensa mayoría de los mexicanos ve con desconfianza a los partidos políticos y considera corruptos a los políticos, con un porcentaje muy bajo de quienes consideran que los gobernantes merecen respeto y de quienes respetan a los políticos (2 y 1 %, respectivamente, según encuesta de Banamex).
Esto queda de manifiesto con la pobre participación de los votantes, apenas arriba del cuarenta por ciento en las últimas elecciones federales y del 52 % en las del Estado de Sonora, así como en las enormes contradicciones al interior de los partidos, enfrascados en luchas intestinas que tienen como última beneficiaria a la Nación.
El establecimiento del esquema de Democracia Participativa que se propone, propiciará una organización ciudadana permanente e institucionalizada no sólo para efectos electorales. A través de ella se podrá definir, en cada nivel, qué esperan los ciudadanos de sus representantes o delegados, marcándoles directrices de actuación, según los puntos de vista de cada conglomerado humano, constituyéndose además en los foros ideales para el análisis y el estudio de las alternativas de solución a los graves problemas que aquejan a nuestro país, pues su cooptación será mucho más difícil lograr para la delincuencia organizada, empresarios y funcionarios corruptos, que si pertenecieran a algún grupo político de intereses inconfesables.
Para revertir esta situación y verdaderamente fomentar la participación de la ciudadanía en política, es necesaria una reforma a la Constitución Federal que le dé fin al monopolio electoral de los partidos políticos, abriéndole paso a una real democracia participativa. Para ello, la ciudadanía debe tener libertad de organización, con independencia de los partidos políticos, a efecto de participar en las elecciones. Esa organización sería a través del Instituto Federal Electoral (IFE), que es la instancia preparada con los elementos bastantes para realizar esta labor, pues cuenta con el personal capacitado, infraestructura, padrón electoral y la ubicación territorial de los votantes, entre otros.
El esquema de Democracia Participativa empieza a conformarse con la sectorización a nivel secciones electorales, colonias, fraccionamientos y poblados, por Municipio, con la elección de representantes (uno o dos) de cuadra o sector, por cada cincuenta o cien votantes, quienes participarán en la Asamblea de Barrio o de Colonia.
Esta asamblea elegirá también a sus respectivos representantes, quienes irán a conformar la Asamblea Municipal o Distrital, la que mediante el mismo procedimiento, elegirá también a sus representantes municipales o distritales. Se habla en esta propuesta, de Asambleas Distritales “o” Municipales porque existen Municipios que cuentan con varios Distritos y en este caso, los representantes distritales irán a formar parte de la Asamblea Municipal. En general, los representantes municipales conformarán las Asambleas Distritales.
La Asamblea Estatal estará constituida por los representantes surgidos de las Asambleas Distritales o Municipales, según el caso, y en ella se elegirán a los “candidatos sin partido” que contenderán por la gubernatura y las posiciones federales, repitiéndose este esquema en cada Estado, configurándose de esta manera una estructura piramidal en la que participaría, ahora sí, en forma institucionalizada, la mayoría de los ciudadanos.
La Asamblea Nacional, constituida con los representantes de las Asamblea Estatales decidirá sobre la candidatura a la Presidencia de la República. En todas las Asambleas participará un agente o delegado del IFE, investido de fe pública para este caso, levantándose un acta con copia para dicho instituto para constatar la legalidad y validez del acto. Se celebrarán además, asambleas “de regreso” o informativas a efecto de que cada nivel de la estructura tenga pleno conocimiento de lo que está sucediendo en los demás.
Los candidatos a los diferentes cargos de elección popular serán nominados en la Asamblea del nivel correspondiente, escogidos de los representantes nombrados en el nivel anterior. Así, los candidatos de cada planilla a contender por la Presidencia Municipal, surgirán de los representantes de barrio o de colonia; los candidatos a Diputados, surgirán de la Asamblea Municipal; para gobernador, el candidato surgirá de la Asamblea Estatal; y de la Asamblea Nacional surgirá el candidato del esquema de Democracia Participativa a contender por la Presidencia de la República.
Por supuesto, no podrá ser candidato quien no haya sido votado en el nivel primario (Representantes de Cuadra o Sector, que son los que conforman cada Sección), pues los candidatos surgirían de entre los representantes o delegados. Es precisamente allí, en la base de la pirámide de esta estructura, en donde las personas se percatan de las virtudes y defectos de sus vecinos, otorgándoles un reconocimiento mediante su elección como representantes, o descalificándolos, al no otorgarles tal responsabilidad. Muchos figurones actualmente encumbrados en el poder político nacional, ya sea mediante elección directa o a través del principio de representación proporcional, no ganarían ni una vocalía en la sociedad de padres de familia de la escuela primaria de su colonia.
Para conservar el espíritu que lleva a la adopción de esta estructura, los representantes en todos los niveles de este sistema no deberán haber ejercido ningún cargo de elección popular por algún partido político ni en las dirigencias de los mismos, durante tres años previos al nombramiento de representantes.
Mediante el esquema propuesto, todos los ciudadanos estarán, ahora sí, en condiciones de poder ser votado, dándole así cabal cumplimiento al multicitado artículo constitucional, circunstancia que actualmente se hace nugatoria a la mayoría, al no formar parte de la estructura de algún partido político
Con el propósito de lograr el objetivo propuesto, es necesaria la reforma del artículo 41 constitucional, agregando después de cada referencia a los partidos políticos, la frase: “conjuntamente con el Esquema de Democracia Participativa”, a excepción del segundo párrafo de la fracción II, referente a la pérdida de registro, pues la estructura de Democracia Participativa será permanente. Por supuesto, habrá de reformarse también la legislación secundaria.
El esquema de Democracia Participativa no requiere de la estructura con que cuentan los partidos políticos, pues carece de dirigencia; se trata de una organización ciudadana piramidal para los mexicanos que no pertenecen a ningún partido, regida, organizada, supervisada, financiada y controlada por el IFE, por lo que no necesita de los grandes recursos que actualmente reciben los partidos políticos.
Esta propuesta suena utópica ante la falsa idea de los políticos tradicionales de que sus partidos son el summum de la democracia y por ser precisamente los legisladores surgidos de ellos, los responsables de hacerla vigente o no, pues comúnmente las decisiones las toman en función de los beneficios o perjuicios que puedan ocasionarse a “sus” partidos, subordinando así los grandes intereses de la Nación.
Paradójicamente, la instauración del esquema de Democracia Participativa, al constituirse en una competencia electoral de la que actualmente carecen los partidos políticos, redundará en su fortalecimiento, pues necesariamente tendrán que tomar medidas para eliminar vicios y democratizar su vida interna, debiendo tener una actuación más transparente y equitativa.
Como bien dice Nicolás Maquiavelo: “No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el introducir nuevas leyes”. México se deshace en las manos de sus gobernantes y los mexicanos lo vemos con impotencia sin aparentemente poder hacer nada por evitarlo, pues actualmente somos rehenes permanentes de sistema político que otorga a los partidos políticos la concesión inmoral de tener el monopolio electoral.
Si bien es cierto que nuestra Constitución, a través del artículo noveno reconoce la libertad de asociación, haciendo una interpretación a contrario censu, los mexicanos también tenemos el derecho a no pertenecer a ningún instituto político y no por ello quedar al margen de una candidatura, por lo que son necesarias reglas más amplias, justas y equitativas de participación en las contiendas electorales. Con la aprobación de esta propuesta, los legisladores no estarán otorgando una graciosa concesión a la ciudadanía, sino reconociéndole un derecho... el derecho inalienable de ser votado.
Esta es mi contribución, surgida de la convicción de que es tiempo de empezar a hacer algo más que ser testigos contemplativos de la desgracia nacional que sólo beneficia a unos cuantos. Los mexicanos tenemos derecho
