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<i>Por Julio Ernesto Félix</i>
En 1997, cuando Ernesto Vargas se dio cuenta que había perdido la alcaldía ante el candidato del PRD Javier Lamarque, salió del edificio del PRI sin decir nada, abordó su automóvil y enfiló por la calle Sinaloa hacia el norte de la ciudad. Así, sin hacer alharaca, asumía su derrota mientras en el interior de la sede priísta los otros candidatos seguían pendientes de los resultados que les llegaban, casi todos negativos, esperando un milagro que revirtiera las tendencias, a esas horas casi definitivas.
Doce años después, la actitud asumida por EV ha sido muy diferente. Ante el fracaso de su segundo intento por ocupar la alcaldía, el candidato del PRI ha decidido convencer a todos de que fue víctima de un fraude electoral y presionar para que se anulen los resultados y se convoque a nuevas elecciones.
La lucha de EV es comprensible en el marco de la naturaleza humana y las pasiones políticas, pasiones avivadas por una seguridad total de triunfo que se tenía en el priísmo sonorense antes del 5 de julio.
Que el excandidato del PRI en Cajeme luche hasta con los dientes y las uñas por anular las elecciones, es un hecho hasta cierto punto normal, a pesar de que a la mayoría de los ciudadanos les parece un intento desesperado y sin bases en la realidad.
También son comprensibles, aunque no se justifican, algunos de los métodos utilizados por Vargas y el priísmo cajemense en su lucha postelectoral.
Lo que no es admisible, ni se comprende ni se justifica, es la decisión de involucrar a ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla en la jornada electoral, acusándolos de participar deliberadamente en un fraude contra EV.
Hoy, como si fueran delincuentes, estos ciudadanos tienen que acudir a declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado donde reciben presiones como la advertencia de que pueden ser fichados.
La acusación que hacen EV y sus asesores legales es una canallada, una bajeza que pone en entredicho la calidad moral que se requiere para asumir responsabilidades políticas como, por ejemplo, gobernar una ciudad.
Los ciudadanos que el 5 de julio acudieron a cumplir con una responsabilidad cívica y hoy son acusados de delincuentes por eso, son ciudadanos que merecen un desagravio y éste podría empezar con el rechazo de la Procuraduría a realizar un papel de comparsa en este vergonzoso incidente.
Pero más allá de la afrenta que lastima a los acusados por el PRI, está un hecho evidente que tendrá consecuencias nefastas sobre la democracia electoral en Cajeme, en Sonora y tal vez en todo México:
A partir de este antecedente, será mucho más difícil convencer a la ciudadanía para que participe como funcionarios de casilla en las futuras elecciones. Si ya existía cierta renuencia de la ciudadanía, de hoy en adelante la amenaza de ser involucrado en una investigación judicial como la promovida por el PRI Cajeme será un argumento valedero para no participar.
La democracia que tanto nos ha costado forjar recibe así un duro golpe sólo por el capricho de unos cuantos y de quienes los secundan.
