Gobernadores, los otros amos

Pobre país. Todavía no nos libramos de la desnutrición y ya nos anticipan que México será el país con el mayor número de obesos en muy pocos años.
Hemos encontrado el modo para ser impactados por lo peor de los dos mundos. Seguimos padeciendo los males crónicos propios del subdesarrollo (pobreza, desigualdad), pero nos las arreglamos para también hacernos de algunas calamidades modernas (contaminación, embotellamientos, estrés, obesidad).
Padecemos los “efectos secundarios” del desarrollo sin haber disfrutado muchos de los beneficios primarios.

Con la democracia parece estar pasando lo mismo.
Agradecemos el fin del presidencialismo a ultranza, aunque no hayan desaparecido aún gran parte de sus atributos, e inmediatamente comenzamos a pagar el precio del debilitamiento presidencial con el surgimiento de poderes inconmensurables por parte de nuevos y viejos actores.
Tal es el caso de los gobernadores, nunca tan poderosos como ahora.

Los gobernadores se están convirtiendo en verdaderos amos y señores de la vida económica, social y política.
Y no me refiero sólo a los casos obvios como el de Arturo Montiel en el estado de México, de Ulises Ruiz en Oaxaca o del góber precioso Mario Marín en Puebla.
Ciertamente, son emblemáticos porque mostraron fehacientemente que gozan de impunidad irrestricta sin importar la gravedad del delito del que fueron acusados: enriquecimiento ilícito, represión criminal, y corrupción y venta de justicia, respectivamente.

El hecho de que la Suprema Corte los absuelva, el Presidente los abrace, los electores vuelven a votar por sus candidatos, ha confirmado a estos tres que, en efecto, los gobernadores están blindados en contra de cualquier poder.
El problema es que no sólo lo saben ellos sino también los otros 29 mandatarios estatales y han comenzado a demostrarlo.

Para ilustrarlo menciono tres casos, pero podrían ser una docena. En Quintana Roo, el Instituto Electoral, controlado totalmente por el gobernador en turno, Félix González Canto, obligó a las estaciones del sistema estatal a un acuerdo electoral más propio de porfirismo que de un país en “transición”.
Los noticieros y espacios de análisis están comprometidos a transmitir sólo las entrevistas y piezas proporcionadas por los propios partidos y las autoridades electorales.
La difusión de cualquier otra información periodística sobre las elecciones está prohibida. O sea, los ciudadanos pueden votar pero cualquier otro derecho político sobre los comicios les está vedado, incluyendo el derecho a informarse.

En Jalisco, Emilio González Márquez muestra que los panistas también saben cantar las rancheras.
A lo largo de un año ha demostrado que, en su opinión, le debe el puesto a la gracia de Dios y no al voto de los jaliscienses, ha gobernado en consecuencia.
El problema es que su Dios parece estar muy ceca de Televisa y muy lejos de los tribunales de justicia de los ciudadanos.
Recientemente decidió desviar 38 millones de pesos a la empresa de Emilio Azcárraga para financiar la telenovela Las tontas no van al cielo a pesar de la obvia contradicción con las lecturas de la Biblia que el gobernador organiza en la Casa de Gobierno.

Lo relevante de esta decisión es que constituye una especie de desafío a la opinión pública que lo había criticado meses antes por desfondar el fondo para desastres para financiar un acto de Televisa con jóvenes del país en Guadalajara.
En junio de 2007, Emilio González Márquez extrajo 67 millones de pesos del “fondo de imprevistos”, destinados a emergencias sociales, para subsidiar a Televisa en la realización de Espacio 2007.
Al Dios del gobernador tampoco parece molestarle la represión que ciudadanos y abogados han padecido de parte de su gobierno, por denunciar actos de pederastia que involucran a funcionarios estatales encabezados por el procurador del estado.

Humberto Moreira, de Coahuila, ciertamente es alguien que ha llevado las mojoneras a límites insospechados.
Como bien se sabe ha encontrado a la palabra nepotismo variantes que nadie adivinábamos.
Además de colocar a sus hermanos y parientes en posiciones encumbradas con abierto desenfado, ahora se da vuelo inaugurando centros de atención y escuelas con los nombres de su madre, su flamante esposa y su hija.

Ustedes me dirán que impulsar un convenio electoral severo, regalarle a una televisora más de 100 millones de pesos o convertir a la familia en monarquía saltillense no son delitos mayores en el código no escrito de la clase política.
No es la gravedad (todavía) de los delitos que estos gobernadores están cometiendo, sino el hecho de que lo están haciendo ante los ojos de todos y pese a la indignación y reclamo de la opinión pública.
Son pequeños ensayos de impunidad que sólo puede tener un desenlace mayúsculo. No hay nada ni nadie que pueda neutralizarlos, acotarlos, corregirlos. Gozan de fuero y por lo general controlan a su Congreso legislativo, única instancia que pudiera hacerles frente.

Los gobernadores se han convertido en los nuevos amos del territorio, los Landlords que sólo obedecen a sus propias leyes.
No parecen tener límite salvo su imaginación y la fortaleza que ellos mismos se atribuyan.

Nunca como ahora habían recibido recursos económicos ingentes, gracias a las partidas federales que el nuevo “equilibrio de poderes” les garantiza.
Ello les permite otorgar dádivas a empresarios locales y a los grupos de interés regional, y contar con chequeras importantes para obras públicas. Han comprado la impunidad.

Debemos reconocer que la “democracia”, aunque precaria y subdesarrollada nos ha dado facultades de las que antes carecíamos (entre otras cosas, la posibilidad de escribir sobre ella).
Pero también ha propiciado regresiones, distorsiones dañinas, como es el caso de los gobernadores sátrapas e impunes
. Si no hacemos algo habrá muchos Ulises, Montiel y Marín en nuestro futuro. Debemos hacer algo antes de que los 32 gobernadores terminen convertidos en reyezuelos absolutos.
Porque donde hay reyes y se entronizan amos, las clases políticas locales terminan convertidas en cortesanos y los ciudadanos en siervos.

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