HERMOSILLO.- En Sonora existen vacíos legales que deben revisarse para determinar cómo operan las agencias de niñeras y qué mecanismos de supervisión y control deben cumplir, reconoció Deni Gástelum Barreras, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y la Juventud del Congreso del Estado

Durante una entrevista con Luis Alberto Medina, en Proyecto Puente, la legisladora se comprometió a revisar la normativa vigente y analizar la propuesta conocida como Ley Nené, impulsada tras la muerte de María Elisa, una niña de un año y nueve meses que se ahogó en una alberca en San Carlos mientras estaba bajo cuidado de una niñera.

Gástelum Barreras explicó que todavía no había recibido directamente la iniciativa, aunque señaló que otras diputadas ya habían atendido a la madre de la menor. Por ello, dijo que buscará a las legisladoras y legisladores que conocieron la propuesta para revisar su contenido y determinar qué acciones corresponden al Congreso.

“Primero es cómo está registrada esta empresa”, señaló al explicar que será necesario investigar bajo qué figura opera el negocio, cuál es su giro y qué obligaciones debe cumplir.

Añadió que también se deben identificar los vacíos legales que permitan establecer un marco normativo para este tipo de servicios.

La diputada indicó que la revisión deberá contemplar los requisitos para seleccionar al personal, las características de los servicios que ofrecen estas agencias y los mecanismos para verificar su funcionamiento.

Como parte de las medidas que podrían analizarse, mencionó la capacitación en primeros auxilios, cuidados pediátricos y la revisión de posibles antecedentes del personal que se contrata para atender a niñas y niños.

“Las agencias no pueden operar sin una supervisión ni control de calidad”, expresó la legisladora al referirse a la necesidad de establecer condiciones para las empresas dedicadas a contratar o colocar personas cuidadoras de menores.

Gástelum Barreras afirmó que buscará impulsar la revisión de las normas existentes y, en caso necesario, la creación de nuevas disposiciones que coloquen en el centro el interés superior de la niñez.