A finales de septiembre de 2026, entra en vigor en México la controversial regulación sobre derechos de audiencias, que fue tildada por sus críticos como "ley censura".

Después de algunos vaivenes, quedó una versión final que, según expertos consultados por DW deja mucho que desear, y lo que menos protege son los derechos de las audiencias de la radio y televisión: por ejemplo, la ley no incluye a las redes sociales ni a las plataformas digitales.

Después de un largo y tormentoso camino de más de 13 años, México tendrá finalmente una regulación que permite a los consumidores de contenidos audiovisuales hacer efectivos sus derechos, obligando a los medios a tener mecanismos de queja y defensores de audiencias.

Pero igual que en intentos anteriores, uno de los cuáles fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, la pugna entre libertad de expresión, autorregulación de los medios y el poder del regulador estalló de nuevo en un ambiente pre-electoral bastante polarizado.

Empresarios, ganadores inesperados

Con ese cambio, advierte Trejo Delarbre, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM), "los empresarios de la radiodifusión podrán seguir transmitiendo contenidos pagados sin advertir que se trata de publicidad o propaganda".

Es muy común en México incluir en noticieros entrevistas o notas pagadas por políticos y empresarios, sin que el público lo sepa.

"Ganaron los propietarios de los medios que lucran con ese engaño. Perdieron las audiencias", concluye el investigador.

Irene Levy, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y especialista en telecomunicaciones y regulación, describe el mismo problema en sus propios términos:

"Uno de los temas más importantes tiene que ver con la distinción entre publicidad e información (...) que la gente sepa cuando alguien está pagando por un producto. Bien, este tema desgraciadamente quedó completamente descremado. De un deberán, se convierte en un podrán".

La nueva norma, además, deja fuera a la prensa escrita, los portales digitales y las redes sociales. Sobre esa omisión, Levy es clara: "No se pueden meter a regular las plataformas digitales sin tener un huracán mediático internacional”, advierte. Aunque ganas no le faltan al gobierno: la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que sería bueno incluir redes sociales en esta regulación.

El politólogo Rubén Aguilar, por su parte, advierte que la disputa no terminará con la entrada en vigor de los lineamientos:

"La presión contra la libertad de expresión va a seguir de muy diversa manera. Desde las amenazas directas a presiones para despedir periodistas incómodos", enumera.

Pero donde hay garrote, también hay zanahoria, señala el académico, apuntando al generoso presupuesto de la publicidad oficial que se ha ampliado en los últimos gobiernos, y ante el cuál muchos medios han optado por bajarle el tono y las críticas al gobierno actual.