Con motivo del tsunami desatado por el ex gobernador Rubén Reyes Moya, se mencionó, entre varias salidas del conflicto, la desaparición de poderes. Nadie hizo eco de la propuesta y la presidenta Sheinbaum misma la consideró “improcedente”. Yo creo que podía haber sido procedente jurídicamente pero no políticamente.

La fracción V del artículo 76 constitucional, que autoriza al Senado a “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador constitucional” estuvo en boga el pasado Siglo para echar del poder a cuanto gobernador le causaba problemas serios al gobierno federal.

Adviértase, por la redacción de la norma, que el Senado no resuelve cuándo han desaparecido los poderes en una entidad, simplemente expresa que han desaparecido y que se necesita un mandatario; además, no prescribe solamente la desaparición del Poder Ejecutivo, donde reside la responsabilidad del desorden, sino de TODOS los poderes. Y aunque los miembros del Poder Judicial y del Legislativo no tengan vela en el entierro, se iránn con su música a otra parte junto con el gobernador.

Casi por terminar su sexenio, el presidente López Portillo promovió una ley para reglamentar esa facultad del Senado, que no estoy seguro de que haya sido aprobada por el Congreso de la Unión, pero sí de que nadie le ha hecho caso.

En Sonora, el Senado hizo la declaratoria en cuestión y desapareció los poderes durante el mandato del general Fausto Topete en 1929, y lo mismo con el gobernador Ramón Ramos en 1935. No faltará un tipo listo que me diga que no, que el último que fue desconocido fue Carlos Armando Biébrich, y le contestaré que la salida de Biébrich fue por renuncia, no por intervención del Senado..

Con esta información histórica, el lector podrá imaginar qué pesadilla le hubieran deparado a nuestros pobres vecinos sinaloenses si se hubiera echado mano de la facultad del Senado. Si como se está operando el conflicto, sólo esperamos que se recobre cierta normalidad.

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