Ahora Donald Trump va contra una práctica muy extendida en Sonora y en general en los estados fronterizos de México: El Turismo de Parto. Todos conocemos a alguien, amigo o familiar, que llevó a su esposa a parir en un hospital de Tucson, Phoenix o cualquier otra ciudad de la Unión Americana.
Con esta práctica quieren dar a sus descendientes el estatus de ciudadano americano por nacimiento. Y esto ocurre incluso en mexicanos que han hecho fortuna al amparo de la política y otras actividades relacionadas con el servicio público.
Pero ahora esta opción se verá drásticamente reducida con dos órdenes ejecutivas que Donald Trump firmó este jueves 6 de agosto para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de extranjeros y endurecer los controles de visados contra el llamado "turismo de parto".
El objetivo es endurecer la revisión y el otorgamiento de visas de visitante para mujeres embarazadas sospechosas de viajar con el fin de dar a luz en territorio estadounidense.
Además niega el acceso automático a la ciudadanía para recién nacidos cuyos padres presenten declaraciones ilegales para ingresas, diplomáticos o considerados "enemigos extranjeros".
La decisión es vista de manera específica como un intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes que provienen de países no desarrollados -América Latina, Asia y África principalmente-, medida natural de un gobierno racista.
La decisión de Trump no tendrá un recorrido sencillo
A finales de junio de 2026, la Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento general e invalidó un decreto anterior más amplio de Trump que buscaba eliminar este derecho para hijos de indocumentados.
Además la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de E. U. no impone restricciones contra el turismo de parto; al contrario, es la base legal que garantiza la ciudadanía automática por nacimiento (ius soli) a casi toda persona nacida en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de los padres.
Sin embargo las restricciones y prohibiciones para frenar esta práctica se implementan mediante leyes federales de inmigración y órdenes ejecutivas del poder ejecutivo, y no por la enmienda en sí.
El decreto Trump se presenta por la administración como un "ajuste" enfocado en categorías específicas y en frenar el negocio del turismo de maternidad, lo que abrirá nuevos debates y probables batallas en los tribunales sobre el alcance constitucional.
Mientras tanto se limitará el deseo de padres y madres mexicanos que desean tener un hijo "gringuito" con sólo cruzar la frontera antes del parto.