En la madrugada del domingo, un convoy de vehículos de la policía estatal recorrió caminos montañosos peligrosos en la remota Sierra Tarahumara, al suroeste de Chihuahua, México, cerca de la frontera con Sinaloa. En al menos uno de los vehículos, posiblemente dos, viajaban agentes de la CIA (identificados por The New York Times y The Washington Post) junto con oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.

Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un tema de seguridad nacional y soberanía la presencia no autorizada de agentes estadounidenses en operativos de campo en Chihuahua.

La mandataria reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya envió una carta al embajador Ronald Johnson para exigir información detallada sobre el ingreso y las actividades de dichas personas.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe estrictamente que agentes extranjeros ejerzan facultades reservadas a las autoridades mexicanas o participen directamente en operativos sin la debida acreditación de la cancillería. Al respecto, señaló que ni la SRE, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron informadas sobre la participación de estos individuos. Asimismo, adelantó que sostendrá un diálogo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para aclarar por qué el gobierno estatal colaboró con agentes extranjeros omitiendo los protocolos federales.

«Tiene que quedar muy claro tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos estatales que la colaboración en materia de seguridad debe ser dentro del marco de entendimiento, dentro de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional», afirmó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo subrayó que, aunque existe disposición para la cooperación bilateral, México no acepta la participación de personal estadounidense en tareas de campo. Reiteró que cualquier relación con agencias extranjeras debe pasar necesariamente por el Gobierno Federal para garantizar el respeto a la soberanía, confiando en que Washington entregará la información requerida bajo el principio de confianza mutua.