La pregunta la plantea “Crónica Sonora” en su décimo octavo número, bajo la dirección de Benjamín Rascón, y la responden seis de sus colaboradores. Y como respeto la norma de cortesía “primero las damas”, le cedo la palabra a la historiadora sinaloense Heidy Mares Landeros:
“Antes llegaba con uniforme, con firma, con decreto, hoy la censura viene envuelta en finos modales, en mensajes privados, en la frase tibia de “mejor bórralo”, que suena como consejo pero huele a advertencia. Uno entiende rápido que no es exactamente un consejo: es una frontera. Una línea imaginaria que nos recuerda que la incomodidad se paga caro”.
El artículo más amplio y explicativo es del maestro universitario Tonatiuh Castro Silva, sociólogo, ex director del Museo de Culturas Populares, un proyecto que el gobierno federal comenzó con dimensiones modestas, una dirección general, y el Gobierno del Estado no ha sabido administrar cuando creció y pasó a sus manos. Y eso que “el Estado reclama para sí la conducción de la vida cultural, aun careciendo de las manos que le permitan efectuarlo con un sustento especializado, digamos que, por lo menos, con sensatez”, escribe el maestro.
Una entrevista que dio Castro Silva al periodista Arturo Soto Munguía le acarreó el enojo de sus jefes en México y el disgusto de las autoridades de cultura locales, que le exigieron desdecirse. La respuesta fue mandarlos no tengo autorización para decir a dónde, y entonces la directora del ISC anunció que el museo ya no se abriría por falta de fondos para sostenerlo.
Jesús Ibarra Félix, periodista independiente y profesor en las universidades de Sonora y Kino, denuncia que el gobernador de Sonora “cuenta con el diseño conceptual de un entramado de vigilancia estatal que se despliega desde tres frentes: tecnologías intrusivas sin control judicial, censura institucional disfrazada en las dependencias de gobierno y un proyecto de ley para “proteger” periodistas que depende directamente del Ejecutivo”.
Esto se pone interesante, y eso que no he terminado de contarles.
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