Desde el inicio del gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha deportado a 8 mil 444 mexicanos menores de edad. Aunque en 2024 –aún en la administración de su antecesor, Joe Biden– se registraron cuatro veces más deportaciones de connacionales menores de 18 años, durante la gestión del republicano hay una variante: siete de cada 10 niños o adolescentes no estaban acompañados, es decir, que fueron repatriados sin sus padres.

Las estadísticas de enero de 2025 a enero de 2026 –cuando la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación realizó el último corte estadístico– muestran que hubo 5 mil 798 menores no acompañados que fueron deportados, lo que representa 68 por ciento a lo largo de esos 13 meses. En contraste, durante el último año de Biden, 40.6 por ciento fueron menores no acompañados.

Expertos independientes en derechos humanos, designados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), han expresado “su preocupación por las violaciones de los derechos de los niños durante los procedimientos de inmigración en Estados Unidos”.

Los relatores recalcaron que desde el 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro suspender su actividad, y puso fin a la financiación de los abogados que representaban a menores no acompañados.

También se han documentado testimonios sobre presiones a menores de edad para aceptar un pago en efectivo de 2 mil 500 dólares para deportarse voluntariamente, con la amenaza de que, de no hacerlo, serán detenidos de manera indefinida y al cumplir la mayoría de edad serían puestos bajos custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Organizaciones sociales han denunciado, además, que niños y adolescentes son retenidos en celdas sin ventanas, se les niega atención médica adecuada y son separados de sus padres por periodos prolongados.

La Jornada.