CDMX.- El Gobierno de México expresó su rechazo al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, calificándolo como “tendencioso, parcial y sesgado”.

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señalaron que el organismo internacional omitió los avances institucionales logrados desde 2018 y particularmente, las reformas estratégicas implementadas durante 2025.

La administración argumentó que el informe carece de rigor jurídico y se basa primordialmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, correspondientes a periodos de gobiernos anteriores. El Ejecutivo subrayó que el mecanismo activado por el Comité está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de forma generalizada por el Estado, una premisa que no coincide con la realidad del México actual, donde no existe una política federal para cometer ataques sistemáticos contra la población, afirmó el gobierno.

El Gobierno que el CED no considerara debidamente la transformación legislativa e institucional emprendida en coordinación con colectivos de familiares. Entre las herramientas que el informe habría ignorado destacan la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la obligación legal de abrir carpetas de investigación de manera inmediata ante el primer reporte recibido.

En este contexto, se resaltó la puesta en marcha de la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Estas medidas, junto con la integración de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con equipo especializado, forman parte de los pilares que el gobierno defiende como pruebas de su compromiso con la erradicación de este flagelo.

Finalmente, el Gobierno Federal reiteró que en la presente administración “no se tolera, permite ni ordena la desaparición forzada”, y reafirmó su compromiso absoluto con la búsqueda, la identificación y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias como un eje central de la transformación nacional.