A excepción del ya fallecido Ignacio Burgoa Orihuela, el llamado Rey del Amparo a quien conocimos por aquí en Cajeme en 1975 cuando vino a la defensa de los agrotitanes del valle del Yaqui tras la expropiación de buena parte de las tierras productivas y que ahora ya han vuelto a manos de sus antiguos dueños, tras don Ignacio, no hubo una sola voz que en 1995, se opusiera a la ilegal manera en que el recién estrenado presidente de la república, Ernesto Zedillo, arrasara con la supuesta autonomía de uno de los tres poderes de la Unión, entendida como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desmantelada de un plumazo sin que, repito, se escuchara una voz discordante (partidos políticos, organismos privados, barra de abogados, bueno, ni qué decir de nuestros siempre celosos defensores del derecho y los derechos humanos), nadie, ni una sola voz. 

De la noche a la mañana los integrantes de la todavía llamada Suprema Corte, no sólo amanecieron reducidos en número al quedar tan solo once de veintiséis que eran, sino reducidos en su mínima expresión como los máximos representantes y defensores de la ley en México. 

A tal grado llegaría su ninguneo que el país, una nación de instituciones, se dio el lujo de decirle, con hechos, al máximo tribunal de justicia que México podría transitar y hacer su vida institucional al prescindir todo un mes de sus veintiséis integrantes, como tal ocurrió. 

Un mes después, Zedillo se estrenó una Suprema Corte hecha a su medida y con tan solo once miembros, seleccionados a su imagen y semejanza como había sido en un principio y siempre desde la llegada del PRI, forjador de las instituciones. 

A partir de entonces y tras tres décadas, la Sala de Crimen se mantuvo fiel al principio que le había dado vida; su absoluta entrega al poder político y a los hombres del dinero. 

En ese orden desfilaron Vicente Aguinaco,  Genaro Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón ( lástima de apellido), Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Luis María Aguilar, el mismo que mantuvo guardado durante once meses el expediente de Salinas Pliego en un intento por evadir el pago de una deuda de impuestos que en estos momentos ya suma los 74 mil millones de pesos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y finalmente, aquella cuya bajuna actuación le vino a colocar el último clavo al sarcófago en lo que finalmente vino parando la institución que alguna vez encabezara el benemérito don Benito Juárez García, la señora Norma Lucia Piña, la misma que entre otras afrentas llevará la de haber sido la enterradora de una Suprema Corte que en el tiempo en que estuvo al frente de la misma se dedicó a liberar narcotraficantes y a políticos con laaaarga cola delictiva como la Chayo Robles, entre otros y a descongelar cuentas de dinero mal habido como fue el caso de la esposa de Genaro García Luna, la señora Linda Pereira, amén de que, más que titular de uno de los tres poderes de la Unión, la señora Piña se dedicó y destacó más por ser un miembro más de la oposición, recurriendo a ilegales cuchupos con políticos impresentables como Alito Moreno, el dirigente sin militantes del PRI. 

En pocas palabras y para acabar luego, esa es la Suprema Corte que para fortuna de los mexicanos tuvo el martes pasado su última sesión. Sin embargo, aguas, todavía no cae el último out, sino será hasta el último día de agosto cuando Norma Piña y sus secuaces estarán siendo relevados por los nuevos integrantes de la Corte, elegida por más de trece millones de mexicanos. Ahora sí, déjense venir. Sugerencias y comentarios a, premiereditores@hotmail.com o al WhatsApp 6449972972.