El 21 de mayo de 2025, cuando, según la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), decenas de personas en situación de calle fueron retenidas sin su consentimiento en el centro de Hermosillo y trasladadas a distintos puntos del sur de Sonora.

La dependencia sostiene que el operativo no formó parte de ningún programa social vigente del municipio.

Durante el juicio, se presentaron entrevistas con víctimas que identificaron a policías municipales como responsables del traslado, así como declaraciones de subordinados que señalaron haber recibido órdenes directas de sus superiores. También se exhibieron oficios firmados por el entonces comisario Hoyos asignando personal para esa tarea el mismo día del operativo.

Pese a estas pruebas, el juez Montoya Cárdenas concluyó que no había elementos suficientes para iniciar proceso penal. La FGJES respondió que respeta la decisión, pero no la comparte, y que interpondrá un recurso de apelación en los próximos tres días para evitar la impunidad.

El operativo señalado coincidió con fechas en que el DIF Hermosillo aseguró que su programa “Camino a Casa” no estaba activo. Tanto la directora del DIF como el director de Asistencia Social negaron haber autorizado traslados durante ese periodo.

El fiscal de Justicia de Sonora, Rómulo Salas Chávez, explicó que, a pesar de que el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios, incluyendo nueva evidencia como un video de los hechos, el juez determinó otorgarles la libertad, decisión que calificó como contraria a la búsqueda de justicia para las víctimas.

“Somos profundamente respetuosos de la división de poderes y de la independencia judicial, pero por supuesto no compartimos de ninguna manera ese criterio, el Ministerio Público del Fuero Común en Sonora va a insistir en la prevención punitiva del estado para evitar que estos hechos queden impunes”, expuso.