En un breve mensaje en X (antes Twitter), el ex presidente Enrique Peña Nieto rechazó ayer la veracidad de una nota aparecida la víspera en el periódico israelí The Marker según la cual el político mexiquense habría ofrecido lucrativos contratos para la compra del software espía Pegasus a dos empresarios israelíes, quienes a cambio le entregaron 25 millones de dólares.

Tal información se desprendería de disputas ventiladas entre los donantes –en un tribunal religioso y, posteriormente, en un juzgado civil–, quienes acabaron confrontados entre ellos y, al parecer, sin ver coronado su corrupto negocio.

Peña calificó la nota de totalmente falsa y de insinuación carente de sustento y se preguntó a qué intereses responde la publicación de la nota.

El asunto es de interés desde diversos puntos de vista.

Para empezar, es de evidente necesidad que las autoridades mexicanas investiguen lo que hasta ahora es una especie y determinen si hay responsabilidades a deslindar, sea del ex mandatario, de los empresarios presuntamente involucrados, de los tres o de ninguno de ellos, no sólo por lo que podría ser un caso de corrupción, sino también porque se vincula con el espionaje ilegal que durante décadas –y con mayor intensidad en la era de las comunicaciones digitales– practicó el gobierno en contra de civiles.

En este sentido, la pesquisa podría echar luz sobre las maneras turbias en la que Pegasus fue adquirido, instalado y empleado en sexenios anteriores por diversas dependencias.