La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, acusó a más de 60 empresas internacionales de obtener ganancias millonarias gracias a su participación directa o indirecta en el conflicto que Israel mantiene en la Franja de Gaza y la ocupación de Cisjordania.

En un informe reciente, Albanese denunció que la ocupación israelí ha convertido los territorios palestinos en un campo de pruebas sin límites para nuevas tecnologías militares, lo que permite a empresas del sector armamentístico, tecnológico, energético y logístico probar y perfeccionar productos que luego son vendidos a otros países bajo el argumento de haber sido “probados en combate”, según La Jornada. 

Esta economía de guerra ha favorecido especialmente a compañías como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, que hoy figuran entre las 50 principales fábricas de armas del mundo. Según el informe, Israel proporciona plataformas de defensa, drones y sistemas de inteligencia artificial que se emplean en la ofensiva contra la población civil palestina.

El informe también señala a Caterpillar Inc., HD Hyundai y Volvo, empresas que durante décadas han suministrado maquinaria pesada utilizada para demoler hogares palestinos y arrasar tierras agrícolas en Cisjordania. Desde octubre de 2023, estos equipos han sido fundamentales en la destrucción de ciudades como Gaza, Rafah y Jabalia, impidiendo que la población palestina retorne o reconstruya sus comunidades.

Además del sector bélico y de construcción, el reporte denuncia a grandes empresas tecnológicas como IBM, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) y Hewlett Packard, por su papel en tareas de vigilancia, control biométrico y administración penitenciaria en los territorios ocupados.

También se señala a las plataformas de turismo Airbnb y Booking, por normalizar la presencia de colonias israelíes ilegales, permitiendo el hospedaje y la promoción de estos asentamientos, sin visibilizar la violencia ejercida contra las comunidades palestinas cercanas.

Francesca Albanese pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar a los altos ejecutivos de estas compañías por su posible implicación en violaciones al derecho internacional humanitario, incluyendo delitos como lavado de dinero, complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, instó a estas empresas a romper todo vínculo comercial con el gobierno de Israel y a establecer mecanismos de reparación para las víctimas palestinas que han sufrido a causa de sus actividades.