El Caracol Península es una de las zonas de mayor plusvalía y donde se encuentran las residencias con las mejores vistas de San Carlos .

Enclavado en una zona rocosa de la bahía, en la entrada a la Marina San Carlos, éste fraccionamiento también tiene en su interior una pequeña playa de aguas tranquilas y arenas blancas, conocida por los guaymenses como la "playita privada".

La colonia es administrada por una asociación de vecinos que se ha adueñado del lugar, al márgen de toda legalidad.

“Los Residentes de la Península Caracol A.C”, presidida por una mujer norteamericana de nombre Christine Castellanos, impone cobros de todo tipo a vecinos del lugar: permisos de construcción, remodelaciones, autorizaciones arquitectónicas, inspecciones, entradas. Todo.

Varios residentes norteamericanos consultados por Expresión manifestaron su hartazgo por estos cobros: "Estamos cansados, nos cobran por todo, duplicando los pagos que hacemos por los mismos trámites, ante el ayuntamiento, no se vale" manifestó un habitante del lugar.

Otro gringo, con muchos años viviendo en El Caracol, dijo que "en la asociación no hay transparencia, es mucho dinero el que pagamos y las cuentas no son claras”.

En USA las HOA (asociación de vecinos) funcionan de manera muy diferente.

La cuota por casa es de 660 dólares y de 220 por lote. Hay 200 casas y 400 lotes ahí.

Un ex-trabajador de la Asociación Civil comentó que los cobros que se realizaban por verificar planos de construcción, pasaron de 50 a 500 dólares por trámite.

Los recibos que expiden por dichos pagos NO cumplen con los requisitos fiscales.

La caseta

La caseta y la pluma de acceso representan una pesadilla para los residentes: No permiten la entrada después de las 6:00 pm de visitas y los vehículos utilitarios y de reparto se niegan a acudir al lugar a prestar servicios, por lo complicado que resulta acceder. Incluso se han dado casos de que ambulancias son retenidas por mucho tiempo.

A las personas que trabajan en las residencias se les vende, a 50 dólares, un gafete para permitirles el paso.

Dicha caseta está instalada de manera irregular y el propio ayuntamiento de Guaymas nos informó que no tiene permiso de funcionamiento y que está construida en una calle pública. Aseguraron que se debe permitir el acceso y libre tránsito.

Un ciudadano guaymense presentó una denuncia ante la secretaría del ayuntamiento, exigiendo el retiro y demolición de dicha caseta. 

Su queja está basada en un impecable seguimiento jurídico de todo el asunto, desde la instalación ilegal de dicha caseta. A la fecha no le han dado respuesta.

La Hoa

“Los Residentes de la Península Caracol A.C” una asociación civil debidamente constituida, promovió un reglamento proyectivo de construcción publicado en el Diario Oficial, sin embargo, la legalidad de ese reglamento está en entredicho:

Todas las reglas están basadas en el Reglamento General de Construcción del municipio de Guaymas, pero éste fué aprobado mucho tiempo después de la publicación del reglamento del Caracol. O sea, se adelantaron en su publicación.

A decir de expertos en derecho, el reglamento no tiene validez: está viciado de origen.

Además, la asociación pretende funcionar como si el fraccionamiento se tratara de un espacio condominal, cuando no es así: las calles del Caracol son públicas, no propiedad de la AC y el ingreso como miembro a la misma no es obligatorio.

Los propietarios de casas en El Caracol no están obligados a ser miembros de la asociación, su ingreso y aportaciones son opcionales y por lo tanto, no pueden ser obligados a pagar absolutamente nada ni a cumplir con el reglamento que, en todo caso sería obligatorio únicamente para los miembros, no para todos los vecinos del fraccionamiento.

Thonda

La asociación de vecinos la preside otra persona, pero en El Caracol todos saben que quien manda ahí es una canadiense llamada Thonda Oliver.

Formalmente ocupa el cargo de vocera en el organigrama de la AC pero ella es quien ordena, autoriza, vigila y sanciona.

A decir de propietarios de residencias, usa la información privilegiada de la HOA para su negocio particular de bienes raíces. 

Muchos letreros de venta de casas en El Caracol prueban que es la vendedora que más casas ofrece en ese lugar.

Corredores de bienes raíces de otras compañías nos comentaron que ésta señora dificulta su trabajo y les pone trabas para acceder a la colonia a mostrar lotes o casas a posibles clientes: “Todo lo quiere para ella. Decide quién entra y en que horario, mientras que ella no batalla para ofrecer sus propiedades” manifestó una conocida vendedora de San Carlos.

Todd Kleyv, esposo de Thonda Oliver, sin cargo formal en la asociación, expide “pases de entrada” para trabajadores, los cuales vende en 50 dólares, además de vigilar, supervisar y acosar a prestadores de servicios y contratistas.

Humildes trabajadores como albañiles, pintores, plomeros y electricistas han padecido sus desplantes que rayan en el racismo.

Sus actitudes violentas han sido reclamadas públicamente, en varias ocasiones, por vecinos del fraccionamiento.

La Playita Privada

Entre los servicios que se ofrecen a los miembros de la AC está el “monitoreo de la Playita Privada”. Facultad que ellos mismos se abrogaron.

"En México se debe exigir que se abran los caminos a las playas... no dejar pasar a la gente es ilegal, discriminatorio" manifestó hace poco la presidente Claudia Sheinbaum y además dijo que "las playas son públicas y debe haber acceso público".

En El Caracol, por órdenes de la Asociación, para entrar a disfrutar de la hermosa playa del lugar, te debes registrar en la caseta de acceso, mostrar tu credencial del INE (que será copiada de manera ilegal) y ser uno de los únicos 10 carros que permiten entrar diariamente, además de tener un tarjetón que ellos mismos te entregan. 

Si no cumples con los requisitos, no entras.

En este lugar de San Carlos, Sonora, México reina una agrupación encabezada por una extranjera.

Es decir, aquí la palabra de la presidenta de México es letra muerta.

Representantes de la Asociación Civil que dirige El Caracol comentaron que están en la mejor disposición de mejorar los temas que han causado controversia.

Afirman que la caseta fué autorizada por el Ayuntamiento en el año 2008 por el comisario de San Carlos.

Aseguran que no hay instrucción de retener credenciales de elector en la caseta y que las medidas que se toman para el acceso a la colonia son para garantizar seguridad a los vecinos.

Negaron que exista cualquier tipo de acoso o racismo y aseguraron que trabajan mucho con los guardias de la caseta para garantizar el buen trato a los visitantes.