En cuanto la gobernadora Claudia Pavlovich tomó posesión, en 2015, entró en funciones la Fiscalía Anticorrupción y se puso a ajustarle cuentas a Guillermo Padrés y legión de pillos que lo acompañaban. Se descubrieron robos y fraudes por aquí y por allá, sin precedentes en la historia de Sonora.

Se puso en claro que Miguel Padrés, el mayor de la familia, de acuerdo con su hermano el gobernador, habían hecho depósitos en los Estados Unidos que luego transfirieron a cuentas de empresas fantasmas, con sede en el extranjero. Al ponerse en marcha las investigaciones, los cómplices, que habían formado parte del gobierno, hicieron largas colas para ser interrogados en la Fiscalía.

Pero Miguel no estuvo en esas filas. Desapareció. Se dijo que lo habían reportado a Interpol para que lo localizaran en cualquier país del mundo. No lo encontraron o no lo buscaron. Tal vez fue puro cuento que solicitaron el servicio a la Interpol. En algún momento dejaron las fuentes de hablar de Miguel y también de los millones de dólares que se había llevado.

Reiniciar la investigación sobre su paradero daría esperanzas de recuperar lo robado. ¿Se quedarán así las cosas?

Se ha informado en fuentes oficiales que Guillermo Padrés perdió el amparo que lo salvaría de pagar 200 millones de pesos de multa por no haber declarado buena parte de sus ingresos, y que enfrentaría otro proceso por defraudación fiscal. Debe estar relacionado este delito con las rebajas que hacía a los amigos de lo que debían de pagar al SAT. En “Reforma” apareció una lista de 37 empresas; los nombres se encuentran también en mi libro “¿Y Padrés, qué?”, pp. 47 a 51.

Como se sabe, los gobiernos estatales coadyuvan con el SAT para cobrar impuestos de la Federación.

Lo que comenzó, pues, en 2014 cobra vigencia y parece que irá para largo. ¿Por qué no aprovechan y reactivan la búsqueda de Miguel Padrés Elías y lo que queda de lo que se robaron?

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