Una vez más fue cancelada la audiencia que tenían los yaquis de la Loma de Bácum en el VIII Juzgado de Distrito, donde encararían a los constructores del gasoducto que pasa por su territorio.

En ocasiones anteriores las audiencias han sido canceladas al no presentarse las otras partes del conflicto, es decir, la empresa constructora Ienova y las autoridades federales involucradas, que tampoco ahora se presentaron, sólo que en esta ocasión el motivo principal fue la ausencia de la juez María del Rosario Alcántar, quien debió viajar a otra ciudad por asuntos relacionados con su trabajo, según les explicaron a los indígenas que habían llegado puntuales a la sede del Juzgado, en Náinari y Sahuaripa.

Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la tropa yoreme de Loma de Bácum, consideró el incidente como un recurso dilatorio del proceso que deberá darles la razón a los yaquis.

"Ya tenemos el dictamen antropológico, todo está en regla, confiamos en que la justicia tarde o temprano nos dará la razón", expresó.

El objetivo de la empresa al no presentarse a las audiencias, dijo, es ganar tiempo para ver si desistimos, si convencen a la gente que se opone al gasoducto pero no lo logran.

En este estrategia la acompañan las autoridades federales que ignoran los citatorios del Juzgado, añadió.

Por otra parte, Flores Maldonado comentó que el gobierno estatal y el federal no han cumplido con su compromiso de pagar a la tribu yaqui por los usos de su territorio con diferentes propósitos.

A ello se debe, dijo, que yaquis de Vícam en días recientes hayan decidido pedir cooperación a los automovilistas que a través de la carretera Internacional atraviesan ese pueblo tradicional de la etnia.

"No apoyamos que se afecte a terceros, pero sí estamos a favor de que el gobierno cumpla con su compromiso pues desde que se construyó la carretera de cuatro carriles, en 1989, sólo el primer año se pagó a la tribu y desde entonces no ha habido ninguna compensación.