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Terminando el acto público por la vivienda digna en la Colonia Beltrones en Cajeme, en cuanto Manolo Barro aventó el talacho y lo rodearon los reporteros, la Sra. María Nieves Guzmán se plantó como un tronco frente al Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le pidió que la escuchara en su oficina. “No puedo el lunes, pero la espero el martes a la una”, dijo sin vacilar.
Y cumplió. El martes 27 de junio del 2010 en punto de la una de la tarde, impaciente, el ombudsman se acomoda tres veces al asiento, ocupa la cabecera en la sala de juntas, se da tiempo para plantarle un beso de bienhallada e invita a María Nieves, madre de Rafael Murillo Guzmán, a exponer las razones que la llevaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Formal, ejecutivo, claridoso, sin excesos ni concesiones, el ombudsman sonorense jala la hebra de los derechos humanos que la escarmentada progenitora del reo siente violentados, luego de saberlo sentenciado a dieciocho años de cárcel por el robo a SEPSA, y las narraciones prorrumpen apresuradas desde los labios temblorosos de la mujer de apariencia menuda y brava estampa.
Vivencial, de expresivas emociones pero práctico, Raúl Ramírez escucha a María Nieves; voltea repetidamente a la izquierda, elige de uno en uno a los abogados que lo acompañan, a ellos les ordena y entrega encargos directos. Sin virar el estilo, dicta en cada turno las instrucciones que manuscriben apresuradamente los acomedidos asistentes que seleccionó para la reunión.
─Don Raúl, la causal probada en el delito por el que Rafael Murillo está en la cárcel es la pobreza. Con tales palabras uno de los acompañantes de la Sra. Guzmán sintetiza el caso de Rafael, de pasada retrata la machacona criminalización de la pobreza que se repite a lo largo de México y Sonora.
Llano y transparente, sin tornar, sin poses o altanerías, el Lic. Raúl Ramírez distribuye las cargas laborales y faculta a los colaboradores. En cada caso, los insta a formular en el momento los escenarios potenciales y a precisar los resultados concretos esperados en fechas de cumplimiento que sean razonables.
María Nieves se resiste a creerlo. Hoy, tras siete años de dar tumbos, de contar centavo tras centavo para sacar copias de papeles jurídicos que le exigen en las oficinas a las que acude pidiendo auxilio para el hijo preso, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ordena la reproducción inmediata de las siete mil fojas que integran el expediente de Rafael Murillo Guzmán.
Obsequioso y generoso, con el argumento de la naturaleza ciudadana del organismo que encabeza en la entidad, el Lic. Raúl Ramírez pone al alcance y a la orden de la sufrida madre las oficinas y los teléfonos. Frente a ella, retando a los presentes a comprobarlo, ordena a los integrantes del equipo cercano a proporcionarle los datos personales para que la quejosa los localice y consulte.
Sin vanos triunfalismos ni poses efectistas, por la inteligencia y experiencia de los funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los setenta y siete minutos que duró la charla, surgen indicios que probablemente extingan las causales jurídicos que llevaron a Rafael Murillo Guzmán a purgar en la cárcel un delito no cometido; más tarde, a la luz del debate de los abogados, quedan expuestos otros argumentos que alientan nuevas figuras jurídicas que en poco tiempo le darían la ansiada libertad.
Se le enciende el rostro a María Nieves. Entre los surcos de las arrugas prematuras, que el dolor del hijo preso hizo profundas, se gesta aquella rara sonrisa que delata las renovadas ilusiones de que en poco tiempo abrazará en la quietud familiar al único hijo. En libertad, finalmente.
María Nieves no puede creerlo. Conserva, como reliquia de la incompetencia, el oficio esquivo que hace seis años le fue devuelto a cambio de la primera petición de auxilio que hizo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asienta para sí y para el séquito: en Sonora no sólo cambió la manera de gestionar los derechos humanos, indudablemente, hoy se encarga de hacerlo una nueva generación de profesionales.
Es que la sorpresa de María Nieves está justificada: en poco tiempo se percibe la mano firme de quien conoce el oficio de la procuración de los derechos humanos, pero y sobre todo, se nota la abierta confianza del ejecutivo en sus correligionarios, a quienes sopesa por habilidades y destrezas y a quienes no duda en revestirlos con facultades, siempre que pacten resultados.
Bien, muy bien. Hay en Sonora una nueva generación de procuradores de los derechos humanos que saben escuchar, que además averiguan “la solitaria causal probada del delito por el que Rafael Murillo Guzmán está en la cárcel…”
