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El Ayuntamiento de Cajeme obtuvo una calificación media de 50 puntos sobre 100 en el Índice de Riesgo de Corrupción (IRC) creado por la organización civil Cajeme Cómo Vamos (CCV).
El informe presentado este lunes resume los hallazgos realizados en la revisión de las cuentas públicas municipales del año reciente, 2025, donde se mencionan avances y pendientes para consolidar un gobierno sin riesgos graves de corrupción.
Según CCV, la administración municipal presentó avances como:
Mayor uso de la licitación pública en monto contratado. Se observa un incremento en la proporción de recursos asignados mediante mecanismos competitivos, lo que fortalece las condiciones de competencia.
Mayor apertura institucional Se identificaron espacios de diálogo y disposición para revisar procesos, lo que representa una base positiva para la mejora continua.
Entre los puntos débiles o negativos se señalan:
Uso excesivo de adjudicaciones directas: El 64% de los recursos ejercidos mediante adjudicaciones directas superó los límites legales permitidos.
Falta de transparencia: El 86% de las contrataciones municipales carece de documentación accesible para consulta pública en los portales oficiales de transparencia.
Presupuesto involucrado: El municipio ejerció más de 579 millones de pesos en contrataciones y compras públicas.
Investigaciones vigentes: Se han detectado casos de posible conflicto de interés y tráfico de influencias (como la asignación de contratos a familiares directos de un alto funcionario) que han derivado en denuncias y suspensiones temporales dentro de la Tesorería Municipal.
La investigación de CCV identificó áreas de oportunidad para fortalecer las prácticas de transparencia y eficiencia en los procesos de contratación pública.
Para alcanzar esta meta se recomiendan acciones como:
Publicación completa y oportuna de información: Asegurar que actas, dictámenes, contratos y facturas estén disponibles de manera sistemática y comprensible.
Compra consolidada: Reducir la dependencia de adjudicaciones directas mediante planeación y agrupación de necesidades. Participación ciudadana: Incluir observadores en procesos de contratación de alto monto o relevancia social. Capacitación de funcionarios:
Programas continuos en cumplimiento normativo y buenas prácticas de transparencia.
