|
CDMX.- Organizaciones de la sociedad civil y colectivos en materia ambiental, climática y de derechos humanos, rechazaron las declaraciones del gobernador Alfonso Durazo, en donde afirma que el proyecto AMIGO GNL ya cuenta con "todos los permisos" para su establecimiento y operación.
Estas afirmaciones, sostienen los activistas, no reflejan la situación jurídica del proyecto.
Argumentan que el pasado 8 de junio, se hizo de conocimiento público que un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19, ordenando a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abstenerse de emitir cualquier autorización en materia de impacto ambiental relacionada con AMIGO GNL hasta que se resuelva el fondo del juicio.
Reconocen que la suspensión no implica la cancelación del proyecto, pero la consideran como un avance importante, pues representa el reconocimiento de que existen elementos suficientes para analizar si los derechos de acceso a la información y participación pública fueron violentados durante el procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental.
Por ello, argumentan, resulta incorrecto sostener que el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales necesarios, cuando existe esta medida cautelar vigente que mantiene suspendida la posibilidad de emitir el resolutivo en materia de impacto ambiental requerido para su avance.
Advierten que mientras los juicios sigan en curso y el proceso de evaluación en materia de impacto ambiental permanezca sin resolución, el futuro de este proyecto estará sujeto a la revisión de los tribunales, a las determinaciones de la SEMARNAT a través de la ASEA, y al escrutinio legítimo de la sociedad.
