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Rubén Rocha Moya no es el primer gobernador mexicano en ser señalado por presunta relación con cárteles del narcotráfico.
Antes que él, varios gobernadores mexicanos han enfrentado procesos judiciales, investigaciones o acusaciones formales, tanto en México como en Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
La mayoría de estos casos involucran protección a cárteles, lavado de dinero y recepción de sobornos. Los casos más destacados son:
Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas, 1999-2004): Detenido en Italia en 2017 y extraditado a EE. UU. en 2018, donde se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero, admitiendo haber aceptado sobornos del Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.
Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo, 1993-1999): Fue condenado tanto en México como en EE. UU. por facilitar el transporte de toneladas de cocaína del Cártel de Juárez a través de su estado, recibiendo sobornos millonarios.
Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit, 2011-2017): Detenido en 2021 y acusado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Beltrán Leyva, además de lavado de dinero. Su fiscal, Edgar Veytia, fue condenado en EE. UU. por narcotráfico.
Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, 2005-2010): Detenido en 2017 y solicitado en extradición por EE. UU. por lavado de dinero y asociación delictuosa, acusado de operar con recursos de procedencia ilícita ligados al narcotráfico.
Flavio Romero de Velasco (Jalisco, 1977-1983): Detenido en 1998 por presuntos vínculos con narcotraficantes de alto nivel en Jalisco.
Otros casos relacionados con delincuencia organizada y corrupción:
Javier Duarte de Ochoa (Veracruz, 2010-2016): Preso por corrupción, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Roberto Borge Angulo (Quintana Roo, 2011-2016): Detenido en 2017 por peculado y lavado de dinero.
Estos gobernadores pertenecían, en su mayoría, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el periodo mencionado.
