El gobierno mexicano debe retomar el debate para la prohibición del uso del glifosato, consideraron expertos en el tema, tras evidenciarse los errores de un artículo que durante 25 años fue el soporte de la agroindustria y de empresarios agrícolas para la defensa del uso de ese plaguicida, el cual carece de independencia y rigor científico.
“Cuando hay un estudio tan grave como éste, el más citado, que dice que el glifosato no tiene problemas, ¡y era falso!, hay que tomárselo en serio. México debería prohibirlo”, subraya Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.
Este químico es utilizado en el país desde 1980 y está arraigado en las prácticas agrícolas; se aplica sobre todo en la siembra de 35 por ciento del maíz y de 14 por ciento de los cítricos. El resto se destina a sorgo, algodón, caña, aguacate, soya y agave.
Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), explica que los productores lo emplean para deshierbar plantíos y reducir sus costos de producción; además, se ha aplicado para la limpieza de caminos.
Trasnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta y Dupont, entre otras, comercializan el producto, que la Organización Mundial de la Salud señala como posible cancerígeno desde 2015.
Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara han documentado la presencia de residuos tóxicos de agroquímicos en el agua, en personas y en la orina de niños y adolescentes. A nivel global, existen más de mil artículos científicos que hablan de los efectos dañinos del glifosato, entre ellos daños a los sistemas renal, hepático, nervioso y reproductivo.
El glifosato está estrechamente ligado al cultivo de transgénicos. En el sexenio de Vicente Fox se impulsó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como la ley Monsanto, que entró en vigor en mayo de 2005 y promovió el desarrollo de semillas genéticamente modificadas en beneficio de grandes trasnacionales.
En el sexenio pasado, ante la vasta evidencia científica sobre los efectos que podría ocasionar a la salud y al ambiente, el gobierno federal buscó prohibir gradualmente su uso a través de dos decretos presidenciales. Sin embargo, no se logró el objetivo debido a las presiones de la agroindustria y a la falta de remplazos probados para sacarlo de circulación.
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