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La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora publicó este comunicado hoy lunes 15 de diciembre:
"Informamos a la ciudadanía que se lleva a cabo una revisión exhaustiva del Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda, como medida de seguridad".
El ataque informático contra la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora derivó en el robo y publicación de cerca de 40 gigabytes de documentos oficiales y bases de datos, una filtración que compromete tanto a instituciones públicas como a ciudadanos. El grupo cibercriminal responsable, identificado como Chronus, afirmó que su siguiente objetivo es el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La información fue confirmada a partir de datos difundidos por el propio grupo atacante y por especialistas en ciberseguridad, así como por comunicados oficiales del Gobierno de Sonora. Parte de los detalles fueron explicados a Proceso por José Manuel Acosta, cofundador de la iniciativa civil Sonora Cibersegura.
¿Qué ocurrió en la Secretaría de Hacienda de Sonora?
Durante el fin de semana se detectó la extracción no autorizada de información de los servidores de la Secretaría de Hacienda estatal.
Las autoridades informaron que el incidente se localizó en “un equipo designado a la recepción de correspondencia de la Subsecretaría de Egresos”, desde donde se habría producido la vulneración.
De acuerdo con el gobierno estatal, la situación fue “atendida conforme a los procedimientos establecidos en su plan de gestión de incidentes” y se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Sonora.
¿Qué riesgos enfrenta la ciudadanía?
Las consecuencias del ataque no se limitan al ámbito institucional. De acuerdo con especialistas, los riesgos son “multifacéticos” y afectan directamente a las personas cuyos datos estaban bajo resguardo oficial.
Entre los principales peligros se encuentran:
• Robo de identidad, mediante el acceso a nombres completos, CURP, números de seguridad social y direcciones.
• Fraudes bancarios y administrativos, derivados del uso indebido de información personal.
• Vulneración de la privacidad, especialmente delicada en casos como el de policías y sus familias.
Impacto para las instituciones públicas
Para las dependencias afectadas, la filtración implica:
• Daño reputacional.
• Riesgo de demandas y sanciones administrativas.
• Posibles investigaciones por incumplimiento de la legislación vigente.
“La institución puede enfrentar investigaciones y sanciones significativas por parte de los órganos garantes de la transparencia y la protección de datos, como el INAI, por incumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales”, explicó el especialista.
Con información de Proceso.com.mx
