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CDMX.- Las reformas recién aprobadas por diputados y senadores otorgan amplias facultades de recolección, procesamiento y uso de información personal a instancias militares y de inteligencia, como la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, sin mecanismos de rendición de cuentas, supervisión judicial ni controles independientes, denunció Espacio, organización de la sociedad civil (OSC).
En un país donde ya se ha documentado el uso ilegal de programas de espionaje contra personas
defensoras de derechos humanos y periodistas y el impacto negativo de la militarización, estas reformas no sólo ignoran las denuncias previas, sino que legalizan e institucionalizan estas prácticas, explicó Espacio.
Al eliminar el requisito de autorización judicial para acceder a datos de telecomunicaciones y permitir la geolocalización en tiempo real sin supervisión, el Estado mexicano profundiza su capacidad para vigilar de manera masiva y arbitraria.
Particularmente preocupante es el impacto que estas medidas tendrán en la labor de quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo. La falta de garantías sobre el uso y protección de la información recabada, así como la interconexión de bases de datos públicas y privadas sin salvaguardas, ponen en riesgo la integridad, la seguridad y la libertad de quienes documentan violaciones a derechos humanos, acompañan procesos comunitarios o informan sobre abusos de poder.
México ya es, por sí solo, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y defender derechos humanos. Las agresiones, amenazas, hostigamientos, asesinatos e incluso espionaje en contra periodistas y personas defensoras se han documentado por organismos nacionales e internacionales. En este contexto, dotar a funcionarios públicos de facultades de vigilancia opacas, sin control ni rendición de cuentas, no protege a la población en general, ni mucho menos a quienes defienden y ejercen derechos, sino que incrementa su vulnerabilidad y permite abrir la puerta a más abusos e impunidad.
Estas reformas no solo limitan el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, sino que también crean un clima de inhibición, autocensura y persecución, especialmente para quienes ya se encuentran en situación de riesgo por la defensa de derechos humanos. Defender derechos no puede ser una actividad vigilada ni criminalizada, y ejercer el periodismo no debe suponer exponerse a formas de control estatal opacas y sin supervisión.
Desde el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) se hizo un llamado urgente al Estado mexicano, y particularmente al Congreso de la Unión, a frenar la implementación de estas reformas y abrir un debate público e informado sobre sus implicaciones.
"Exigimos que cualquier medida en materia de seguridad e inteligencia cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control democrático, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos".
