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HERMOSILLO.- Iniciativas para evitar actos de corrupción dentro de la administración pública y castigar hasta con cinco años de prisión a quienes no cumplan con el pago de pensión alimentaria, fueron presentadas en el Congreso de Sonora.
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano estableció una iniciativa para introducir el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta en el Código Penal del Estado de Sonora, para castigar con pena de prisión de dos a cinco años a quien, con el fin de no pagar la pensión alimenticia, intencionalmente simule recibir ingresos por una cantidad menor. La propuesta fue turnada para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Otra iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario de Morena y consiste en reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ella, para evitar posibles actos de corrupción entre proveedores y trabajadores del estado, se propuso establecer un tope a una tasa establecida para el pago de gastos financieros cuando el gobierno no cumple con el pago de un contrato.
“La reforma que se presenta tiene como finalidad evitar la sangría económica al estado y a los municipios pues, si bien es cierto que, como obligado, la administración debe cubrir el costo de su incumplimiento, debe hacerse bajo una modalidad que no sea utilizada para obtener beneficios indebidos”, expresó la diputada Celeste Taddei Arriola.
