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MAZATLÁN.- Un juez de control vinculó a proceso a Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y al ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, por su presunta responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública, en la compra ilegal por 45 millones de pesos en tortillas.
El juzgado con sede en Aguaruto, Sinaloa, emitió medidas cautelares para que los involucrados se presenten al juzgado y en caso de salir del estado o del país tendrán que avisar a la autoridad judicial y emitió un plazo de tres meses de investigación complementaria.
Tras dos días de audiencia que completaron 24 horas, miércoles y jueves, el juez Adán Alberto Salazar Gastelum, consideró que existen indicios que suponen que se efectuaron compras irregulares de tortillas de maíz y harina, tostadas, totopos y nixtamal, durante los periodos de 2020 y 2021, cuando por motivos de pandemia no había alumnos en las casas estudiantiles donde se les entrega este alimento.
Uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez fue que la UAS presentó mil 501 facturas que se anexaron a la carpeta de investigación, 703 de ellas fueron canceladas en las fechas 17 y 18 de agosto del presente año, cuando los trámites llevan un tiempo determinado e insistiendo la defensa de los universitarios que no existían elementos para fiscalizar los recursos puesto que son transferencias que el gobierno federal realiza al estado, proponiendo que el caso fuera turnado a autoridades federales.
Además del rector Madueña Molina y del ex rector Guerra Liera, también ocho ex miembros del Comité de Adquisición y compras fueron vinculados a proceso Héctor Melesio C; Solia Maribel G; Jorge P; Salvador P; Ismael G, Norma A. A; Manuel de Jesús L y Oscar Orlando G.
La Fiscalía General del Estado solicitó que ordenara a cada uno de los involucrados garantía económica por el pago de más de 45 millones de pesos y la presentación de los vinculados cada 15 días en la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y no están autorizados de salir del país sin previa oficio, por lo que la resolución del juez fue desestimar la garantía económica solicitada, fallando a favor de la presentación de los involucrados para que fuera cada 45 días, para no entorpecer la función de cada uno de los implicados, además de que podrán salir del estado y del país dando aviso puntual a la autoridad judicial y otorgó un tiempo de investigación complementaria de tres meses que será hasta el 13 de diciembre cuando se retome el ejercicio judicial.
