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HERMOSILLO.- Ante la ola de inconformidad que propició la adición al Artículo 167 del Código Penal de Sonora, donde se advierten sentencias de cárcel hasta por 10 años para quien difunda fotografías de personas asesinadas, se harán ajustes para no coartar la libertad de expresión ni el derecho a la información, dio a conocer Adolfo Salazar Razo.
La declaración de Salazar no precisa si los ajustes serán también para no limitar el trabajo de los colectivos de mujeres que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas y enterradas en fosas clandestinas, colectivos que han denunciado la reforma porque coartaría una parte esencial de su labor como es difundir fotografías de restos humanos que podrían servir para la identificación de familiares de las víctimas.
La reforma será revisada por el área jurídica del Gobierno de Sonora para promover, ante el Congreso, los ajustes que pudieran ser necesarios, sin perder la esencia ni el espíritu original de la legislación, explicó el secretario de la Consejería Jurídica del estado.
La reciente reforma al artículo 167 Quater del Código Penal no tiene el propósito de coartar la libertad de expresión, el derecho a la información ni cualquier otro derecho para impedir la transparencia o el escrutinio público en el actuar de las autoridades, aseguró.
Se refirió así a la armonización de legislación local de la entidad a los objetivos y alcances de “Ley Ingrid”, al imponer sanciones por la difusión de imágenes de cadáveres relacionados con una investigación penal.
Esta ley fue aprobada a nivel federal derivada del feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años, a manos de su pareja; las fotografías del cuerpo de la mujer fueron filtradas por la policía y publicadas por medios de comunicación de corte amarillista de la Ciudad de México, lo que provocó la indignación de la ciudadanía y organizaciones feministas.
Salazar Razo explicó que la reforma, aprobada por unanimidad por el Congreso local, tuvo como fin proteger a las víctimas, evitando que se vulneren los derechos a la dignidad, privacidad e identidad de los occisos y sus familiares, para impedir la revictimización.
